Riohacha no eligió detenerse. Fue obligada. Tres días de paro armado bastaron para transformar la capital guajira en una ciudad de persianas bajadas y calles vacías, donde el miedo paralizó negocios, escuelas, transporte y la vida misma de sus habitantes. No fue una pausa voluntaria sino el resultado del terror que sometió a toda una población a la voluntad de actores al margen de la ley.

Lo que quedó en evidencia durante esos tres días fue brutal: la protección en Riohacha no fue la misma para todos. Mientras almacenes de cadena y centros comerciales brillaron por su presencia policial permanente, los mercados populares, pulmón económico de los barrios, cerraron ante la evidente desprotección. El "pueblo raso", aquel que vive del día a día vendiendo en la calle o atendiendo tiendecitas, fue quien más sufrió el golpe en su bolsillo. Solo al tercer día llegó un mayor despliegue militar a las zonas del mercado viejo y nuevo. La pregunta incómoda es clara: ¿por qué la fuerza pública no estuvo desde el primer momento con la misma intensidad en todas partes?

Las autoridades actuaron de manera reactiva, no preventiva. Cuando la institucionalidad no ocupa el espacio público ni comunica con claridad, ese vacío lo llena el miedo. El pequeño comerciante no cerró por capricho sino porque no tuvo garantías para trabajar con tranquilidad. En una ciudad atravesada por rumores, la ausencia de mensajes claros de las autoridades dejó a la ciudadanía en total incertidumbre. Nadie está obligado a exponer su vida, especialmente cuando hay ataques concretos que refuerzan la percepción de riesgo real.

Golpear la productividad es herir el bienestar de todos, pero golpear más fuerte a la población vulnerable es una consecuencia especialmente grave. Si el objetivo de quienes promovieron el paro era generar respaldo social, fracasaron: nadie respalda una causa que le impide trabajar para ganarse el pan. La ciudadanía no reclama un favor a las autoridades. Exige la materialización de un derecho. La Constitución es clara: las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes.

Hoy Riohacha retorna a una aparente normalidad, pero persiste una sensación de vulnerabilidad que cala hondo. Lo preocupante es que la paz y la seguridad comiencen a percibirse como bienes frágiles. Este episodio no debería normalizarse como algo que simplemente sucede. Si no se fortalecen las capacidades institucionales, el riesgo es que situaciones como esta tiendan a repetirse. Y cuando el miedo deja de ser excepcional, comienza a convertirse en costumbre.

Riohacha es resiliente, sí. Pero esa capacidad no puede convertirse en justificación para la inercia institucional. El Gobierno Nacional debe mantener su atención sobre la capital guajira y continuar fortaleciendo el apoyo a las autoridades territoriales. El costo de estos días se mide en algo más que dinero: se mide en la dignidad de un pueblo que percibe que la seguridad no siempre se garantiza de manera equitativa.