En una conversación en el taller de publicidad que su familia opera desde hace más de cuatro décadas en Maicao, Henry Peñalver Herrera discutía con sus hermanos Iván y Tania, junto con su sobrino Adolfo, sobre cómo la actual ola de inseguridad los obliga a cerrar sus negocios así como ocurrió durante la pandemia. Fue entonces cuando llegó el amigo Eduardo Abuchaibe con una palabra que capturó toda la angustia del momento: "Balandemia". Un término que, según Peñalver, describe crudamente lo que vive la sociedad guajira: un confinamiento impuesto no por decretos sanitarios, sino por el terror de las balas y la presencia de actores armados que actúan con total impunidad mientras las instituciones miran hacia otro lado.

Lo que más duele al columnista es ver cómo la seguridad se ha convertido en un juego de responsabilidades sin fin. El Gobernador, según su análisis, actúa más como comentarista de redes sociales que como líder, lanzando críticas hacia el Gobierno Nacional y hacia alcaldes locales mientras la comunidad permanece recluida en sus casas, consumiendo videos de redes donde delincuentes exhiben su poder sin vergüenza alguna. Gobernar no es simplemente criticar, insiste Peñalver: es gestionar, es liderar, es asumir el control de una situación que se ha salido de las manos.

Hace más de cinco años, en un inusual acto de apertura institucional, líderes sociales y organizaciones civiles participaron en un consejo de seguridad ampliado con el viceministro de Justicia. En ese espacio, Peñalver y sus colegas presentaron datos basados en la realidad del territorio, no en oficinas de Bogotá. Incluso llevaron un informe del Laboratorio Internacional contra el Delito que exponía la vulnerabilidad de la frontera guajira y la debilidad de las zonas rurales. Allí advirtieron algo que hoy es innegable: las fuerzas militares y policiales están destinadas al fracaso desde el inicio porque los números con los que planifican no corresponden a la realidad.

El problema es matemático pero devastador. Los datos oficiales que se usan para asignar recursos de seguridad ignoran la migración constante, la población flotante y los asentamientos informales. Hace cinco años, el margen de error era del 20 por ciento entre los censos y la realidad, pero hoy esa brecha se estima en más del 70 por ciento. Como lo plantea Peñalver: "No se puede proteger lo que no se reconoce. Si el Estado cree que en Maicao o en Riohacha viven 100 personas pero en realidad hay 120, ese 20% de diferencia es el caldo de cultivo perfecto para la inseguridad y el desgobierno." Un cuadrante diseñado para diez barrios termina intentando cubrir treinta, y en esa brecha, la delincuencia prospera sin obstáculos.

Hoy la comunidad guajira vive bajo lo que Peñalver llama "la dictadura del reenvío": un video de un atraco a plena luz del día, un panfleto amenazante o una ejecución difundida en redes sociales controlan más efectivamente a la población que cualquier política de convivencia. La gente ya no confía en denunciar porque ve un Estado débil, sostenido por cifras falsas y discusiones políticas que no cambian la realidad de sus calles.

La solución, según el columnista, no llega con comunicados rechazando la violencia. Requiere actualizar los datos sociodemográficos de La Guajira para que el pie de fuerza sea el que realmente se necesita. Demanda una Gobernación que deje de buscar culpables en Bogotá y comience a coordinar efectivamente con alcaldes y el presidente, exigiendo resultados con herramientas adecuadas. El informe que entregaron hace cinco años sigue acumulando polvo mientras la sangre continúa fluyendo por las calles del departamento. Para Peñalver, el liderazgo social ya cumplió su parte informando y alertando. Ahora le toca a quienes ostentan el poder dejar de ser comentaristas de la tragedia y convertirse en arquitectos de la seguridad.