Cuando sale a la luz la noticia sobre la reexpedición del decreto que marca la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta, la conversación pública se enfoca rápidamente en los derechos ancestrales de los Kogi, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo. Es comprensible: se trata de su mapa espiritual, de su ley de origen, de un cerco que protege nacimientos de agua y sitios sagrados vitales para el equilibrio de toda la región. Pero en las laderas donde esa línea se extiende, donde los ríos descienden desde la montaña hacia humedales, manglares y tierras cultivadas por afrocolombianos, existe una geografía distinta que merece ser nombrada. No para disputar lo sagrado, sino para plantear algo innegable: quién tiene derecho a opinar cuando se decide el futuro de un territorio que también les pertenece.

El proceso de consulta previa para reexpedir el decreto no es un simple trámite burocrático que se despacha en una reunión. Es un derecho constitucional, un espacio donde la democracia participativa debe funcionar de verdad, incluyendo a todos. Las comunidades afro no pueden ser simples espectadores de esta decisión. Todo lo que se defina en el nuevo decreto afectará sus vidas concretas: el acceso al agua, cómo se usa el suelo, los proyectos de conservación que lleguen a sus territorios, las carreteras, los planes de desarrollo rural. Si se hacen bien, pueden ser alianzas productivas; si se hacen mal, se vuelven nuevas formas de exclusión.

Escuchar al pueblo afro en esta consulta no es un acto de caridad institucional. Es un asunto de justicia territorial. Los consejos comunitarios y los sabedores afro ven claro lo que está en riesgo. De un lado, el miedo legítimo a que una delimitación rígida, sin espacios para la coexistencia intercultural, cierre las puertas a la pesca artesanal, a la agricultura pequeña, a la recolección sostenible y al tránsito por caminos que han usado históricamente. Del otro lado, la esperanza de que el proceso abra camino a una gobernanza compartida, a la participación real en comités ambientales y al reconocimiento pleno de sus títulos colectivos reconocidos en la Ley 70 de 1993.

Los impactos de estas decisiones no se ven en un mapa de coordenadas GPS. Se sienten en las canoas que pierden acceso a zonas de pesca, en las parcelas que quedan en una especie de limbo legal, en los jóvenes que se marchan porque el territorio ya no les deja vivir de lo suyo. Pero hay oportunidades que la consulta previa puede hacer realidad si hay voluntad política: la creación de espacios mixtos de seguimiento, el reconocimiento de los saberes afro sobre cómo cuidar humedales y suelos, la inclusión de sus propuestas en los planes de ordenamiento territorial, y la garantía de que la conservación de la Sierra no se logre invisibilizando a quienes la habitan desde la resistencia cotidiana.

El Estado no puede cometer el error de entender la consulta previa como un acto de validación después de todo, como un espacio donde simplemente se "informa" sin que nadie tenga poder de decisión real. Si el decreto de la Línea Negra se reexpide sin escuchar a las comunidades afro que comparten cuencas, caminos y destinos con los pueblos indígenas, no estaremos protegiendo el territorio. Lo estaremos fracturando. La Sierra se cuida con pactos genuinos, no con exclusiones. Y los pactos necesitan que todas las voces que habitan y protegen la tierra tengan voz en la mesa, respetando sus protocolos culturales, sus saberes y los tiempos que marca su propia organización.

La reexpedición del decreto tiene que ser más que un trámite legal. Debe ser un ejercicio donde la memoria viva y el diálogo de saberes sean protagonistas. En las mesas de consulta previa no solo deben resonar los cantos de los mamos, sino también las voces de los pescadores de la Ciénaga Grande, de las mujeres que siembran en las tierras bajas y de los jóvenes que reclaman un futuro sin herencia de desplazamiento. En el Caribe colombiano, las líneas que trazamos en el papel solo tendrán legitimidad real si antes las trazamos con el oído puesto en el otro. Escuchar al pueblo afro no es una concesión. Es la condición para que la Línea Negra deje de ser un borde que separa y se convierta en un umbral donde se encuentran.