Los transportistas colombianos saben qué duele cuando se cierran las carreteras. Por eso Colfecar, el gremio que los agrupa y preside Nidia Hernández, levanta la voz antes de que suceda lo que teme: un nuevo paro del sector arrocero que, según información que ha circulado, podría comenzar el 2 de marzo de 2026.

El precedente es fresco y preocupante. Durante 2025, los paros arroceros de marzo y julio dejaron una huella que va más allá de los números. Colfecar contabilizó 186 bloqueos en vías nacionales consideradas estratégicas para que la carga se mueva desde las fábricas hasta los puertos, desde los almacenes hasta las ciudades. Traducido a bolsillo real: cuando se cierran esas carreteras, el arroz no llega a los supermercados, los productos frescos se dañan en el camino, y miles de pequeños transportistas dejan de ganar dinero. Es simple: sin carreteras fluyendo, la economía se congela.

El impacto no fue solo cuantitativo. Esos bloqueos interrumpieron la cadena de suministro de varios sectores a la vez. No solo se paralizó la industria arrocera, sino también otros negocios que dependían de las mismas vías: distribuidores de alimentos, empresas manufactureras, comerciantes que exportan. Cada hora de cierre costaba dinero en cadena.

Por eso Colfecar ha salido a advertir que un nuevo escenario de bloqueos sería especialmente costoso para la seguridad alimentaria del país y para el desempeño general de la economía. El gremio ha hecho un llamado urgente al Ministerio del Interior y al Ministerio de Agricultura para que activen de inmediato los mecanismos de diálogo y concertación. El mensaje es claro: eviten que esto se materialice. También pidieron a Dignidad Agropecuaria de Colombia, la organización que ha anunciado la movilización, que considere el impacto: "millones de colombianos que dependen del normal funcionamiento de las carreteras para trabajar, transportar bienes y acceder a servicios básicos".

Es importante aclarar que Colfecar expresó respeto por los motivos que mueven al sector arrocero a protestar. El gremio confía en que "sean atendidos integralmente por las autoridades competentes". Sin embargo, enfatizó un punto crítico: "la afectación a otros sectores productivos no debería convertirse en un mecanismo de presión". Cuando un sector bloquea las vías para ser escuchado, termina afectando también a otros sectores que no tienen nada que ver con su pelea, y eso genera un efecto dominó de daño económico.

Desde la perspectiva de los transportistas, los bloqueos en carreteras nacionales violan derechos más allá de lo económico: la libre movilidad, el derecho al trabajo y hasta el acceso a salud (una ambulancia atrapada en un bloqueo es una emergencia).

Lo que está en juego es más profundo que una protesta de arroceros. El anuncio de este posible paro vuelve a exponer una debilidad estructural del país: la falta de concertación temprana entre el Gobierno y los sectores productivos. Si los problemas de los arroceros se hubieran atendido antes, quizá no necesitarían bloquear. Y si se atienden ahora, quizá no lo hagan en marzo. La estabilidad de las carreteras no es un detalle logístico: es el nervio de toda la economía.