A las primeras horas de este miércoles 18 de febrero, cerca de 200 trabajadores de los sectores cañero, panelero y palmero llegaron desde el Valle del Cauca, Cauca y Risaralda hasta el Ministerio de Minas y Energía en Bogotá para una protesta que prometía ser incómoda. Bloquearon las entradas de las instalaciones como forma de presión y advirtieron que no se irían hasta lograr una audiencia con el ministro Edwin Palma. Lo que estos trabajadores defienden es nada menos que sus empleos y la viabilidad de una industria que alimenta a miles de familias en occidente del país.

El fondo del problema es económico y bastante grave. Según las centrales obreras CGT, CTC y CUT que convocan la protesta, existe un sobreabastecimiento de etanol del 300 por ciento. Esto significa que hay más de 54 millones de litros guardados en bodegas sin poder venderse. Los ingenios y plantas de producción están al borde del colapso porque no tienen dónde guardar más producto. Si no pueden vender, tendrán que parar máquinas. Y cuando una industria agroindustrial se detiene, los primeros afectados son los trabajadores.

La razón por la que el etanol colombiano no se vende está en las reglas del juego internacional y las decisiones de precio interno. Las organizaciones sindicales denuncian que "la crisis se profundizó tras la modificación en la metodología para calcular el precio al productor de etanol, sumada a la preferencia de los comercializadores por importar etanol más barato desde Estados Unidos, lo que estaría desplazando la producción nacional". En otras palabras: los intermediarios prefieren traer etanol de afuera porque sale más barato que el colombiano, dejando el producto nacional sin mercado.

Los números de la amenaza son contundentes. Si la producción se paraliza, los sindicatos advierten que cerca de 450 mil empleos formales en el suroccidente del país estarían en riesgo. No se trata de desempleados que buscan oportunidad: son trabajadores formales, con seguridad social y derechos laborales, que perderían su sustento de golpe. Para una región que depende fuertemente de esta cadena agroindustrial, sería un golpe catastrófico.

Para el miércoles a media mañana, funcionarios del Ministerio de Minas ya estaban en conversaciones con los manifestantes. Los trabajadores exigieron que la mesa de diálogo incluyera también a los ministerios de Trabajo, Agricultura y Desarrollo Rural, e Interior, además de organismos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría como garantes del acuerdo. Los manifestantes dejaron clara una amenaza: si no hay avances favorables, convocarán a una marcha más grande y adelantarán bloqueos en vías.

Lo que está en juego es el equilibrio de una industria que compite contra importaciones más baratas, empleos que sostienen regiones enteras, y la capacidad del Gobierno para intervenir cuando una cadena productiva entra en crisis. Los trabajadores no piden subsidios regalados: exigen garantías para el sector del etanol y el biodiésel de producción nacional, así como medidas que protejan tanto el empleo como la industria local ante la competencia de productos importados más económicos.