La semana pasada llegó una noticia inquietante desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC): la revocación de una resolución contra Telecall por incumplimiento en la subasta de 5G. En el sector de telecomunicaciones muchos vieron esto como una maniobra sospechosa para favorecer a una empresa que ya había sido sancionada por no cumplir su compromiso.

Pero los números que respaldan el incumplimiento de Telecall son contundentes. En diciembre de 2023, la empresa ganó un bloque de 80 megahercios de espectro en la subasta de 5G. Desde marzo de 2024 estaba obligada a comenzar a pagar los 318 mil millones de pesos que prometió desembolsar. Han pasado dos años y, según lo documentado, no ha pagado ni siquiera un peso de esa obligación. Tampoco presentó la póliza de cumplimiento que exigía la ley, un documento que garantiza el dinero.

Lo más grave es que Telecall no desplegó la red de conectividad que debía instalar. Esto significaba dejar sin servicio de internet a 343 colegios y abandonar el mejoramiento de conectividad en 11 vías que requerían infraestructura. Para llegar a este punto, la empresa pasó por decenas de solicitudes de aclaraciones, reposiciones y, según el análisis, "otra cantidad de argucias jurídicas" que extendieron el proceso sin resultados.

El Ministerio TIC, que inicialmente actuó con la intención genuina de ampliar la cobertura digital en el país mediante esta subasta, se encuentra ahora en una encrucijada. La ministra Carina Murcia hereda un proceso que requiere corrección desde lo técnico-jurídico. El análisis es claro en su conclusión: "Una vez arreglada desde la técnica jurídica esta situación, Telecall sea sancionado como lo ordena la ley".

Lo que está en juego va más allá de un caso individual. Si Telecall no recibe un castigo ejemplar, se debilita todo el modelo de subastas de espectro que el país usa para asignar recursos de telecomunicaciones. Otros operadores que sí cumplen sus obligaciones e invierten sus recursos podrían perder confianza en el sistema. Y sobre todo, la conectividad de los colombianos termina siendo víctima de esta irresponsabilidad empresarial y la falta de claridad regulatoria.