El Parque Nacional Tayrona continúa completamente cerrado y bajo vigilancia de la Policía y el Ejército. La situación llegó a este punto tras un acuerdo en el que las comunidades indígenas kogui se retiraron del control que ejercían en el territorio, abriendo paso a una mesa de diálogo institucional. El movimiento evitó un enfrentamiento que se veía venir durante días y trasladó la disputa a negociaciones formales que tendrán su próximo capítulo el 27 de febrero, cuando se reunirán nuevamente las autoridades ambientales, el gobierno y las comunidades para definir el futuro administrativo del área protegida más visitada de Colombia.

El impacto económico es inmediato y considerable. El Tayrona recibió 615.599 visitantes en 2024, lo que significa que concentra casi la mitad del flujo de turistas que llegan a todas las áreas protegidas con vocación ecoturística abiertas al público en el país. El cierre se produce justo en un momento crítico: agencias de viajes ya tienen vendidos paquetes turísticos nacionales e internacionales que incluyen este destino. Paula Cortés Calle, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), explicó: "Hay una preocupación por parte del sector y de las agencias de viajes. Es uno de los parques más vendidos nacionales naturales del país y uno de los atractivos turísticos a nivel internacional." Según ella, las cancelaciones se tramitan bajo la figura de fuerza mayor, pero el impacto en los ingresos es innegable.

Los conflictos en el parque vienen de años atrás. Las comunidades kogui reclaman participación en la toma de decisiones sobre el manejo del territorio, reconocimiento de sus autoridades ancestrales y garantías de seguridad. Además, pequeños comerciantes y operadores denuncian cobros irregulares bajo el control indígena. Un presidente de agencia de viajes, que pidió no ser identificado, describió la situación así: "Esto es terrible. Le decían, no, vamos a cobrarle una multa, un peaje, tanta plata. Y así con todo." Otro operador mencionó pagos reiterados y cobros tras incidentes viales en la región.

El gobierno ya ha desplegado a la Policía Nacional con protocolos específicos. El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, describió la estrategia en tres líneas: "En lo preventivo, se adelantarán actividades de educación, sensibilización y acompañamiento a las comunidades aledañas. En lo operativo, se realizarán intervenciones, incautaciones e inhabilitación de cualquier elemento o actividad que afecte el equilibrio del ecosistema. En lo investigativo, se desarrollarán labores de análisis, judicialización y desarticulación de estructuras o personas que pretendan dañar este espacio natural protegido." El Ministerio del Interior actúa como garante del diálogo.

La reapertura dependerá de lo que suceda el 27 de febrero. En esa segunda mesa, ambas partes deberán presentar propuestas estructuradas sobre administración, participación y medidas de seguridad. Las comunidades mantienen su demanda de coadministración del parque, mientras el Estado busca recuperar control institucional sin ignorar los reclamos históricos de los territorios ancestrales. El proceso dejó un acuerdo preliminar pero aún hay mucho por resolver.

Para el ecosistema empresarial del Caribe colombiano, el cierre es un golpe significativo. El Tayrona no es solo el parque más visitado del país: es también uno de los destinos más promocionados internacionalmente. Su cierre altera agendas de viaje, impacta cadenas de suministro locales y modifica la operación de un sector que depende del turismo. Paula Cortés añadió: "la idea es que se pueda erradicar manera la situación que se genera dentro del parque, dobles cobros, como nos han mencionado y que haya un control específico del territorio por parte de parques nacionales y que se salvaguarde la seguridad de la gente que habita en ella y de los turistas que lleguen." Mientras, el destino permanece en pausa, con incertidumbre sobre cuándo volverá a recibir visitantes.