El Tribunal Supremo de Estados Unidos le propinó un revés contundente a la política comercial de Donald Trump. En una decisión dividida seis votos contra tres, los jueces conservadores desmantelaron los aranceles que Trump había aplicado masivamente a más de cien países bajo la etiqueta de "recíprocos". El costo es inmediato y brutal: Washington tendrá que devolver decenas de miles de millones de dólares que cobró a través de estos gravámenes que ahora se consideran ilegales.

El núcleo del problema es constitucional. Los magistrados concluyeron que Trump abusó de una ley de 1977 diseñada para situaciones de emergencia. Esta norma, conocida como IEEPA (Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales), fue aprobada por Jimmy Carter precisamente para frenar que los presidentes hicieran lo que Nixon intentó: eludir los controles del Congreso sobre política comercial. El Supremo determinó que Trump utilizó esa ley de emergencia de manera tan generalizada y amplia que violó su propósito original.

Pero el fallo no destruye todo el edificio arancelario de Trump. Quedan en pie otros gravámenes específicos, como los impuestos al aluminio o a los automóviles, que se aprobaron bajo argumentos legales diferentes. Solo los aranceles "recíprocos" contra China, Canadá, México y otros países caen. Estos eran la pieza central de la estrategia: Trump les cobraba a otros países exactamente lo que él consideraba que ellos le cobraban a Estados Unidos, incluyendo impuestos como el IVA.

Lo importante para el bolsillo colombiano es entender qué significa esto. Trump había anunciado un arancel base del 10% a todas las importaciones estadounidenses, con cargas mucho más pesadas para ciertos países. China enfrentaba aranceles hasta del 104% en algunos productos. Vietnam llegaba al 46%, la Unión Europea al 20%. Estos gravámenes encarecían todo: desde componentes electrónicos hasta materias primas que usaban empresas latinoamericanas. Ahora esos cobros cobran marcha atrás.

El delegado comercial estadounidense, Jamieson Greer, ya advirtió que "comenzará al día siguiente a restablecerlos para responder a los problemas que el presidente ha identificado". La Casa Blanca, de hecho, ya estudia al menos cinco rutas legales alternativas para reimponerlos. Es decir, esto no es el fin de la guerra comercial: es apenas una batalla perdida en una contienda que continuará.

Lo paradójico es que el revés viene de una Corte de mayoría conservadora, la que Trump mismo nombró. Además, la oposición a estos aranceles fue masiva: incluyó grupos empresariales y libertarios típicamente republicanos. Las encuestas muestran que el 52% de los estadounidenses cree que Trump empeoró la economía con sus aranceles. En tiempos de crisis del costo de vida, la medida nunca fue popular.

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