La Superintendencia Nacional de Salud anunció cambios en el equipo de interventores que supervisa varias EPS, luego de que la Procuraduría General ordenara la suspensión de algunos de ellos por tres meses. Detrás de esta reorganización hay algo más grave: una crisis estructural que está ahogando al sistema de salud colombiano y que está dejando sin herramientas a los organismos de control para responder.

Según la propia Supersalud, la situación es complicada. La entidad reconoce estar en medio de una "crisis estructural" que genera "múltiples desafíos para la adecuada gestión y supervisión" de las EPS intervenidas. En otras palabras: el sistema está tan presionado que incluso los entes de control están batallando para hacer su trabajo básico. La decisión de cambiar interventores fue una respuesta inmediata para evitar que quedaran vacíos administrativos que pudieran afectar aún más la prestación de servicios de salud.

Para ocupar estos nuevos cargos provisionales, la Supersalud nombró a profesionales con experiencia en el sector. En Asmet Salud asumió Jessica Milena Aguirre Santana, médica especializada en auditoría de servicios y gerencia en salud. En Servicios Occidentales de Salud fue designada Margarita Orozco Eslait. En Savia Salud, Edda Lorena Sintura, contadora pública con experiencia en gestión financiera. En Coosalud, Jorge Orlando Suárez Burgos, también contador público. La Supersalud aún debe nombrar nuevo interventor para Capresoca.

Pero aquí está lo preocupante: la entidad es clara en señalar que estas medidas de emergencia no resuelven el fondo del problema. Hay trabas normativas y limitaciones estructurales que impiden avanzar en una reforma integral del sistema. El modelo actual, tal como está diseñado, restringe "la capacidad efectiva de respuesta de los actores" del sistema. Dicho en términos simples: aunque cambien los interventores y se asignen los mejores profesionales, las reglas del juego del sistema de salud no permiten soluciones reales.

La Supersalud aseguró que los nombramientos responden al "acatamiento estricto" de la orden de la Procuraduría y que su prioridad es mantener la continuidad en la prestación del servicio. Sin embargo, está claro que opera en modo de emergencia permanente: tomar decisiones día a día para sostener un sistema que sigue en crisis, mientras espera que se resuelvan los problemas estructurales que lo asfixian.