Joseph Oughourlian, un empresario francés radicado en Londres, acaba de recibir una sanción de 40 millones de pesos de la Superintendencia de Sociedades. Su falta: no informar a tiempo que era el controlante del equipo de fútbol Azul & Blanco Millonarios FC S.A. Lo irónico es que finalmente sí reportó su control ante la Cámara de Comercio de Bogotá, pero lo hizo fuera del plazo legal que exige la ley.

La norma en cuestión es clara: toda persona que ejerza control real sobre una empresa debe revelarlo oportunamente. En el caso de Oughourlian, el reporte se hizo a través de una sociedad llamada Blas de Lezo Inversiones SL, pero llegó tarde. Para la Superintendencia, ese retraso fue suficiente para justificar la multa, independientemente de que después reconociera su posición en la estructura empresarial.

Detrás de esta sanción hay una lógica que afecta al bolsillo de todos. Cuando una persona controla una empresa, eso influye en decisiones sobre inversiones, créditos y riesgos. Si inversionistas, bancos o proveedores no saben quién realmente toma las decisiones en una compañía, pueden terminar haciendo negocios en la oscuridad, sin información completa. Por eso la ley exige que se reporte: para que el mercado funcione con transparencia.

El superintendente Billy Escobar Pérez explicó que "la revelación de los controlantes reales de las sociedades contribuye a la generación de confianza en el mercado". En otras palabras, saber quién controla una empresa ayuda a que inversionistas y acreedores tomen decisiones con información confiable, sin sorpresas desagradables después.

En el caso específico de Millonarios, la autoridad consideró que la transparencia es aún más importante porque no se trata solo de un negocio de fútbol. Los clubes profesionales generan impactos económicos y sociales significativos, así que saber quién los maneja interesa más allá del deporte.

Oughourlian tiene derecho a impugnar la multa utilizando los recursos legales disponibles en el procedimiento administrativo. Pero el mensaje de la Superintendencia es claro: en Colombia, la transparencia sobre quién toma las decisiones en una empresa no es un trámite que pueda hacerse cuando se le antoje a alguien. Es una obligación con plazo, y incumplirla tiene consecuencias económicas.