Una fiduciaria tiene un trabajo aparentemente sencillo: cuidar el dinero que usted le entrega. Pero Credicorp Capital Fiduciaria no lo hizo bien con 35 familias de Cali que quisieron comprar viviendas en el proyecto Mizu. Por eso la Superfinanciera la condenó a pagar más de 8.870 millones de pesos, la sanción más alta que ha recibido esta entidad. El dinero debe salir del bolsillo de la empresa, no de fondos externos.

La historia es típica de cómo el sistema puede fallar. Estos 35 hogares entregaron sus ahorros a la fiduciaria bajo la promesa de que estaría vigilando cada peso. La idea era comprar apartamentos sobre planos en Cali. Pero en 2022, la constructora P&P Constructora Urbano quebró y la obra se paralizó. Los compradores perdieron su dinero y los años pasaron sin soluciones.

El problema fue que Credicorp Capital simplemente no hizo su trabajo. De acuerdo con el fallo, nunca verificó si el proyecto era viable desde el punto de vista técnico, financiero ni legal. Dejó que la constructora usara los fondos de los compradores para pagar el terreno sin cuestionamientos. Eso no es negligencia pasiva: fue incumplimiento de deberes que la ley le prohíbe delegar, como proteger los bienes, informar con claridad y actuar con diligencia profesional.

Ahora Credicorp Capital prepara su defensa apelando el fallo. Argumenta que "la paralización del proyecto fue responsabilidad exclusiva de la insolvencia de la constructora y de factores externos como la pandemia, problemas de abastecimiento de materiales y el aumento de las tasas de interés". La fiduciaria reclama que la obra y sus plazos son responsabilidad del constructor, y advierte que este fallo pone en riesgo el modelo fiduciario en Colombia.

Este caso marca un quiebre importante: las fiduciarias no son simples intermediarias que reciben dinero y lo entregan. Si fallan en vigilar y controlar, deben responder con su propio patrimonio. El mensaje es claro para el sector: la negligencia tiene precio.

El panorama se endurece aún más con el Decreto 510 de 2026, que ahora obliga a las fiduciarias a analizar riesgos y verificar que haya interventores independientes en proyectos de vivienda. Es un paso hacia proteger mejor al ciudadano común. Sin embargo, quienes defienden a los afectados insisten en que falta más: sanciones directas contra directivos de estas entidades para que realmente piensen dos veces antes de negligenciar el ahorro de las personas.