La Fiscalía decidió imputar cargos contra Ricardo Roa, quien encabeza Ecopetrol, por dos asuntos distintos: una presunta violación de topes electorales durante la campaña presidencial y tráfico de influencias. Ante esto, Martín Ravelo, líder de la Unión Sindical Obrera (USO), salió a establecer dos líneas claras: primero, que Roa goza de presunción de inocencia como cualquier colombiano, y segundo, que su permanencia en el cargo no es decisión del sindicato sino de la junta directiva de la compañía.

En diálogo con Caracol Radio, Ravelo fue contundente al recordar que "Ricardo Roa, ciudadano colombiano, tiene unos derechos constitucionales, la presunción de inocencia, el debido proceso, y el presidente de Ecopetrol tiene la obligación, como lo definen los estatutos del gobierno corporativo de la empresa, de resolver el tema con la junta directiva de Ecopetrol". Esto significa que aunque el sindicato tenga voz en la empresa, no son ellos quienes decidirán si Roa se queda o se va. Esa responsabilidad cae enteramente en los miembros de la junta directiva, que es el máximo órgano de decisión.

Sin embargo, el sindicato sí expresó preocupación genuina por el futuro de la compañía. Ravelo advirtió que "cualquier hecho que pueda poner en riesgo a la empresa será motivo de preocupación y rechazo por parte de la organización sindical". ¿Por qué tanta importancia? Porque Ecopetrol no es una empresa cualquiera: genera dividendos cruciales para las finanzas públicas del país, cotiza en bolsas de valores de Colombia y Estados Unidos, y da empleo a miles de personas. Un escándalo de reputación o una inestabilidad gerencial pueden afectar directamente el desempeño accionario y, por tanto, los ingresos tributarios que el Estado necesita para funcionar.

Las acusaciones contra Roa se dividen en dos frentes. El primero viene del Consejo Nacional Electoral, que determinó que cuando Roa administraba los recursos de la campaña presidencial del 2022, permitió gastos que excedieron los límites legales en más de 2.440 millones de pesos en primera vuelta, y también en segunda vuelta. El CNE concluyó que Roa tenía control centralizado sobre esos gastos, algo que el propio Roa reconoció cuando dijo haber realizado reportes constantes a la plataforma Cuentas Claras. Por eso le atribuyeron "responsabilidad solidaria" en la violación de topes.

El segundo cargo es más delicado. La Fiscalía investiga si Roa usó su influencia para favorecer a un contratista llamado Juan Guillermo Mancera en la obtención de un contrato con Ecopetrol. Lo interesante es que antes de ser nombrado presidente de Ecopetrol en abril de 2023, Roa había comprado un apartamento en Bogotá en diciembre de 2022. El inmueble pertenecía a una empresa vinculada al inversionista Serafino Iacono, pero los pagos provenían de una firma ligada a Mancera. Los investigadores quieren saber si esa transacción inmobiliaria previa al cargo tuvo relación con decisiones posteriores dentro de la petrolera. El nombre de Iacono volvió a sonar cuando una compañía suya obtuvo derechos de exploración sobre el bloque Sinú 9, considerado estratégico para el sector energético.

Ravelo cerró su intervención recordando que el sindicato no es nuevo en tomar posiciones firmes sobre decisiones de la empresa. Ha protestado antes contra asuntos como la venta de activos en Permian o el aumento de importaciones de gas, decisiones que consideran han tenido impacto material en las finanzas del país y de Ecopetrol. En este caso de Roa, espera que la junta directiva tome una decisión informada, técnica y en defensa del interés de la compañía y de Colombia.