Rosa Gálvez lleva casi cuatro décadas dedicada a la protección ambiental. En una entrevista con El TIEMPO, la senadora canadiense y experta en remediación ambiental habla sobre los grandes huecos en la regulación de industrias extractivas y las medidas urgentes que deberían adoptarse tanto en Canadá como en América Latina para garantizar responsabilidad ambiental.

Gálvez, nacida en Lima hace 64 años, llegó a Canadá hace más de cuarenta movida por la necesidad de resolver problemas ambientales. Se especializó en limpiar terrenos contaminados y en evaluar el impacto ambiental de grandes proyectos como autopistas, túneles y hidroeléctricas. En 2016, el entonces primer ministro Justin Trudeau la nombró senadora independiente, convirtiéndola en la primera latinoamericana en el Senado canadiense.

Sobre los vacíos en la regulación de industrias extractivas, Gálvez es contundente: "Es fundamental contar con fondos para emergencias, desastres y remediación, así como límites claros a los residuos que pueden acumular las empresas". Explica que las corporaciones aprovechan agujeros legales para no responsabilizarse de la contaminación que generan. En Canadá, por ejemplo, una mina puede mantener solo tres empleados abriendo y cerrando válvulas para considerarse "en operación" y evadir la obligación de limpiar el sitio. Lo mismo sucede con oleoductos corroídos: mientras circule algo por ellos, las empresas no deben desmantelarlos. Estas brechas legales permiten que las comunidades afectadas vivan con residuos que siguen filtrándose sin reparación alguna.

Para el sur global, donde se construyen nuevas infraestructuras extractivas, Gálvez subraya la urgencia de aplicar evaluaciones de impacto ambiental y social rigurosas. Considera que frenar la explotación petrolera en la Amazonía es la acción más eficiente: con una sola medida se protegerían los bosques, se conservaría la biodiversidad, se defenderían los derechos de los pueblos indígenas y se avanzaría en la lucha contra el cambio climático. Gálvez es cofundadora del Comité Parlamentario Global por una Amazonía Libre de Combustibles Fósiles, una red que agrupa a más de 800 legisladores de 96 países comprometidos con una transición justa fuera del carbón, el petróleo y el gas.