Un dilema sin fácil solución ocupa ahora a los directivos del Senado de la República. Wadith Manzur fue elegido como senador conservador con más de 134.000 votos, pero actualmente se encuentra privado de la libertad en la Escuela de Carabineros por presuntos delitos de corrupción vinculados al escándalo de la UNGRD. La pregunta que nadie se esperaba tener que responder es simple pero complicada: ¿puede alguien que está en prisión asumir un cargo público al que fue elegido democráticamente?

Esta semana el asunto llegó formalmente a la Mesa Directiva del Senado, cuando el secretario de la corporación, Diego González, informó que han recibido una solicitud de la Corte Suprema sobre el tema. La corporación necesitará hacer un "análisis profundo" de la normatividad constitucional y legal antes de pronunciarse. "Se hará un análisis profundo de la normatividad constitucional y legal sobre esta materia para poder dar una respuesta de fondo y de manera responsable", declaró González.

La consulta surgió de un derecho de petición presentado por el ciudadano Francisco Javier Araujo Morelos, quien planteó una pregunta incómoda: aunque una medida de aseguramiento es legal y justificada, ¿debería anular completamente los derechos políticos que genera haber sido elegido por los votantes? En su documento argumentó que "las medidas de aseguramiento no pueden traducirse en la anulación total del contenido esencial de los derechos políticos".

La Corte Suprema, en lugar de responder directamente, decidió trasladar la responsabilidad al Senado. En un auto firmado el 27 de marzo por el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, la Corte consideró que es la propia corporación legislativa la que debe definir qué procede cuando un congresista electo se encuentra en estas condiciones.

Mientras tanto, Manzur permanece recluido desde el 19 de marzo. Días antes, el 11 de marzo, le fue impuesta medida de aseguramiento por la Corte Suprema, que considera que habría negociado sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de contratos de la UNGRD. Según las investigaciones, esta corrupción le costó al país cerca de 92.000 millones de pesos en sobrecostos de carrotanques destinados a La Guajira. La Corte estableció que "en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de los créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos" ubicados en Córdoba, Arauca y Bolívar, involucrando representantes del Ejecutivo en el compromiso de la función legislativa.