En el corazón de Caquetá, donde la belleza del territorio se mezcla con la presencia aterradora de grupos armados ilegales, una familia experimentó un calvario que resume la realidad de miles de colombianos atrapados en la guerra. Todo comenzó hace once días cuando las disidencias de alias Calarcá secuestraron a los padres. Antes de caer completamente en manos de los criminales, los padres tomaron una decisión desesperada: pidieron a sus seis hijos, de edades entre 3 y 18 años, que se refugiaran en la selva. El padre fue sometido a trabajos forzados como castigo "por una actividad que hizo en la comunidad", según relató el general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División del Ejército.

La noche del 28 de marzo cambió el rumbo de esta historia. Los padres alcanzaron a escuchar sus propios captores, alias Urías Perdomo y su hermana alias La Morocha, hablar sobre su muerte, que estaría programada para el domingo 29 de marzo. En un acto de valentía pura, lograron escapar de sus secuestradores y llegaron hasta un campamento militar en Peñas Coloradas. Pero la angustia apenas comenzaba: cuando preguntaron desesperados por sus hijos, nadie tenía respuestas sobre su paradero.

Lo que vino después fue una movilización sin precedentes. El Ejército, la Gobernación, la Defensoría del Pueblo y hasta la Iglesia Católica se activaron para encontrar a los menores. El gobernador Luis Fernando Ruiz incluso envió una carta al presidente en Bogotá con un mensaje directo: "Necesitamos ayuda". Contra todo pronóstico, el Ejército localizó a los hermanos en la vereda La Ilusión, municipio de Cartagena del Chairá, escondidos en un matamonte en plena selva. Era cerca de las tres de la mañana cuando los soldados llegaron. Los hermanos hombres salieron al encuentro de la tropa mientras las niñas permanecían escondidas. Así lograron ser trasladados a un lugar seguro.

Pero esta historia de rescate tiene un final amargo. Aunque la familia ya no está en cautiverio, la amenaza sigue presente como una sombra. Los criminales, según explicó el general Cortés, tenían órdenes de ir por los niños a como fuera. Alias La Morocha había dejado claro que solo entregaría a los menores si se presentaba el padre "porque tenían que arreglar cuentas con él". Ahora, la familia no sabe si podrá regresar a su hogar. La guerra, nuevamente, termina siendo sinónimo de desplazamiento.

El contexto es desgarrador. En Cartagena del Chairá y municipios similares, los ciudadanos viven atrapados entre enfrentamientos de "Iván Mordisco" y "Calarcá", bajo restricciones de movilidad, amenazas constantes, asesinatos a líderes comunitarios y extorsiones que ni siquiera respetan a los alcaldes. Las familias sufren toda clase de vulneraciones pero muy pocas se atreven a denunciar ante la ausencia casi total de la justicia estatal. Las pocas organizaciones sociales que apoyan a las víctimas actúan con valentía en un vacío donde el Estado debería estar presente.

El gobernador Ruiz ha denunciado que las disidencias de Calarcá tienen métodos efectivos para localizar a los miembros de núcleos familiares en ciertos municipios, lo que explica la angustia permanente en que viven cientos de padres. Para la Defensoría del Pueblo, la urgencia de una acción estatal es "inmediata". Pero la realidad es cruda: en muchos territorios colombianos, el mapa es más grande que la capacidad del Estado para controlarlo y proteger a sus ciudadanos.