Las salas de Instrucción y Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia viven su momento de transición más importante desde hace ocho años. En agosto se elegirán los nuevos magistrados para estas instancias creadas en 2018 con el propósito de garantizar una segunda instancia en los procesos contra funcionarios que gozaban de fuero. Es el primer relevo de su historia, y ocurre en un momento de particular importancia para la justicia colombiana.

Durante estos años, las salas han investigado 68 casos que generaron apertura de instrucción formal. Entre ellos figuran procesos de alto impacto nacional como el escándalo de corrupción en la UNGRD, investigaciones que han mantenido el trabajo de estas instancias en el foco público. Ahora, la mayoría de magistrados termina su período el 8 de octubre de 2026, con excepción de Ariel Torres, cuyo mandato vence el 18 de julio de 2026.

La puja por ocupar estas curules ha comenzado con fuerza. Al Consejo Superior de la Judicatura llegaron 450 postulaciones, cifra que refleja la importancia política y judicial de estos cargos. Entre los aspirantes destacan nombres con experiencia en investigaciones complejas: el juez Hugo Carbonó, quien lidera el caso de presunto enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro; la congresista Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara; el fiscal Gabriel Jaimes, quien fue delegado ante la Corte Suprema; el exvicefiscal general Wilson Martínez, especializado en narcotráfico y lavado de activos, y Jaime Zetien, fiscal responsable del llamado carrusel de la contratación.

El timing del cambio es también significativo. La elección de nuevos magistrados ocurrirá poco después de que termine el mandato del presidente Gustavo Petro, un momento que añade relevancia política a este proceso. Los nuevos togados heredarán investigaciones complejas y de alto calado que requerirán continuidad y manejo experto.

Sin embargo, el relevo llega en un contexto marcado por tensiones internas. La Sala de Instrucción ha registrado enfrentamientos entre sus miembros, siendo los más polémicos los protagonizados por César Reyes y Cristina Lombana. Entre ellos existe una confrontación que tiene raíces profundas, particularmente desde que Reyes ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe cuando el caso estaba en su despacho, antes de que Uribe renunciara al Senado y el proceso pasara a la Fiscalía por la pérdida del fuero.

Las fricciones entre estos dos magistrados también se han manifestado en otros casos. Lombana ha tenido que abstenerse de algunos procesos como el de enriquecimiento ilícito, que finalmente se trasladó a otro despacho. En el caso Fondade, Benedetti fue llamado a juicio y deberá comparecer ante la Corte en los próximos meses. Estos episodios muestran las complejidades internas que ha vivido esta sala durante su funcionamiento, un tema que sin duda pesará en la evaluación de quiénes serán sus nuevos integrantes.