Una alianza inusual de exministros de Hacienda rompió el silencio para cuestionar una de las iniciativas económicas más controvertidas del gobierno Petro. Los seis expresidentes de finanzas públicas, incluyendo a Alberto Carrasquilla Barrera, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas Santamaría, publicaron una carta abierta donde expresan su inquietud sobre la propuesta de obligar al sistema financiero a hacer inversiones forzosas. Lo relevante es que estos expertos gobernaron en administraciones de diferentes colores políticos, y subrayan que "lo hacemos desde la experiencia, no desde una postura partidista".

La propuesta presidencial buscaría canalizar dinero de los bancos hacia sectores específicos de la economía. Pero aquí está lo que preocupa al bolsillo real del colombiano promedio: si los bancos son obligados a prestar dinero a ciertos sectores, tienen menos flexibilidad para asignar sus recursos de manera eficiente. El resultado es predecible y negativo. Los exministros señalan que esto genera mayores tasas de interés, reduce la disponibilidad de crédito y termina afectando a quien más lo necesita. En otras palabras, una medida que aparentemente busca ayudar terminaría encareciendo los préstamos para todos: desde el empresario que quiere expandir su negocio hasta el trabajador que sueña con su casa propia.

La historia económica internacional respalda sus advertencias. Según la carta, muchos países que adoptaron esquemas de inversiones obligatorias los desmontaron después de ver sus efectos nocivos. Lo más llamativo es el ejemplo que mencionan: en América Latina, los únicos países que mantienen este tipo de mecanismos son aquellos con sistemas financieros más débiles. Y los exministros notan algo incómodo para el gobierno: "Durante el siglo XXI, solo Bolivia y Venezuela han creado nuevas inversiones forzosas, en los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales, referentes que difícilmente debería seguir Colombia".

Lo crucial para entender por qué estos expertos se alarman es que en Colombia el sistema financiero canaliza el ahorro de 38 millones de colombianos. Cualquier cambio estructural en cómo operan los bancos no es un asunto técnico menor. Los exministros insisten en que una decisión de este alcance no puede tomarse bajo presión de una coyuntura (momento difícil) sin un análisis detallado de sus implicaciones reales.

Pero los firmantes no solo critican: también proponen. Dicen que existen instrumentos más eficaces y menos costosos para lograr los mismos objetivos. Entre ellos mencionan "garantías del Gobierno nacional, subsidios focalizados a la tasa de interés y líneas de redescuento". Traducido al español simple: el Estado puede ofrecer garantías para que los bancos presten con mayor confianza a sectores específicos, puede subsidiar directamente parte del interés que pagan ciertos sectores, o puede facilitar que los bancos comerciales accedan a dinero del Banco de la República a tasas más bajas. Estos mecanismos ayudarían sin encarecerle el crédito al resto de los colombianos.

El punto final de los exministros es contundente: "La solidaridad con los damnificados se demuestra con acciones eficaces, no con medidas que encarecen el crédito para todos los colombianos". En esencia, advierten que el gobierno confunda solidaridad con improvisación. Para ellos, cualquier decisión sobre el futuro del sistema financiero debe basarse en evidencia técnica rigurosa, no en la urgencia del momento.