Colombia enfrenta un problema que pocos quieren admitir en voz alta: la economía se está desacelerando y el modelo que la impulsó no tiene futuro. Seis centros de pensamiento decidieron romper con el tradicional diagnóstico fragmentado y se sentaron a construir un plan común para el próximo cuatrienio. No es una iniciativa de gobierno ni de un partido político, sino un ejercicio colaborativo donde convergen visiones técnicas sobre qué hay que hacer para que el país vuelva a crecer de verdad.

El problema de fondo es simple pero incómodo: durante años, la economía se ha mantenido en pie gracias al dinero que gastan las familias en sus casas y el gasto público del gobierno. Pero la inversión privada, que es la que realmente genera empleos duraderos y productividad, se ha quedado atrás. Sin empresas nuevas invirtiendo, sin máquinas nuevas, sin infraestructura moderna, no hay crecimiento que aguante.

Para recuperar la confianza de quienes invierten, estos seis centros apuntan a que el Estado debe cambiar su forma de funcionar. Hoy las empresas navegan en una maraña de trámites, controles previos y regulaciones fragmentadas que encarecen hacer negocios. La propuesta es pasar a un modelo donde el Estado supervise después, con información clara y tiempos precisos. En la práctica: que abrir una empresa sea más rápido y barato. El documento advierte sin rodeos: "Buena parte del rezago productivo no se explica por falta de ideas o talento, sino por un entorno institucional que encarece la formalización y frena la innovación. La competitividad se pierde en los trámites".

Hay dos sectores que ameritan atención inmediata. El energético está en riesgo real de crisis. Las reservas de gas caen, la energía confiable escasea y los proyectos de transmisión se atrasan. Sin correcciones, a partir de 2026 Colombia podría enfrentar restricciones graves de suministro eléctrico. En salud la situación es igualmente preocupante: las aseguradoras están quebradas en términos de liquidez, los servicios se tambalean. Los centros recomiendan estabilizar primero, reformar después.

Más allá de sectores, estos institutos subrayan que la seguridad es economía pura. Donde hay violencia, incertidumbre jurídica e inseguridad, nadie invierte. Es una razón práctica, no ideológica. Por eso incluyen en su plan el fortalecimiento de la capacidad estatal para garantizar seguridad y proteger la actividad productiva.

Entre las propuestas concretas que han generado mayor interés están eliminar el impuesto 4x1000 (que grava las transacciones bancarias), descongestionar los trámites ante el Invima (la autoridad de medicinas), revisar cómo funcionan los regímenes cambiario y aduanero, e incluir educación financiera en el Plan Nacional de Desarrollo. Para la salud específicamente, recomiendan declarar emergencia económica en el sector e iniciar un plan maestro de inversión en infraestructura.

La alianza reúne al Consejo Privado de Competitividad, ANIF, el Centro Regional de Estudios de Energía, Así Vamos en Salud, CERAC y la Fundación para el Estado de Derecho. Dejaron clara una cosa: no buscan reemplazar el debate político ni imponer una visión única. Su objetivo es que el próximo gobierno no improvise, que eleve la calidad de las decisiones y traslade la discusión del "qué hacer" al "cómo y cuándo hacerlo". Porque en economía, como en medicina, el diagnóstico solo vale si va acompañado de un tratamiento ejecutado a tiempo.