En medio de una tormenta política sin precedentes, el presidente español Pedro Sánchez se presentó ante el Congreso de los Diputados el 24 de junio para enfrentar un bombardeo de preguntas sobre los escándalos de corrupción que rodean a su gobierno. La comparecencia llegaba apenas dos días después de que la justicia condenara a 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, quien fue exministro de Transportes durante la administración Sánchez, por una red de sobornos en contratos de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.

El caso de Ábalos no es el único que pesa sobre el liderazgo socialista. También investigaban a Begoña Gómez, esposa del presidente, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos. De igual forma, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero enfrentaba indagatorias por sospechas de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, tras hallarse joyas por valor de 1,3 millones de euros en su oficina. Incluso el hermano del presidente, David Sánchez, estaba pendiente de sentencia por irregularidades en la obtención de un puesto de trabajo en la provincia de Badajoz.

Ante esta cascada de acusaciones, la oposición de derecha no desperdició la oportunidad de atacar. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fue especialmente agresivo durante sus intervenciones, diciéndole a Sánchez: "Usted no dimite porque no tiene dignidad". Los conservadores y la extrema derecha demandaban que el mandatario convocara a elecciones anticipadas, pero Sánchez rechazó categóricamente esa posibilidad. "Gobernar no es resistir, pero tampoco es desistir", manifestó el presidente, agregando que "nos queda un año de legislatura". También acusó a la oposición de "crear una sensación de corrupción generalizada" sin pruebas contundentes.

En su defensa ante el Congreso, Sánchez insistió en que jamás habría tolerado conductas irregulares en su gobierno. Respecto a Ábalos, garantizó que el PSOE no se financió de manera irregular. Sobre su esposa, cuestionó las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado, quien le retiró el pasaporte y la obligó a comparecencias quincenales en el juzgado. Para Sánchez, estas decisiones "sobrepasan todos los límites de lo razonable". También defendió públicamente a Zapatero, confiando en su trayectoria, y negó rotundamente que existiera trato de favor en un rescate a la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia.

El presidente describió un patrón que, a su juicio, constituía una persecución coordinada. Señaló que primero circulaban "bulos" amplificados por ciertos medios de comunicación, luego llegaban denuncias de grupos ultraderechistas como Manos Limpias y Hazte Oír, y finalmente se generaba daño reputacional mientras la justicia avanzaba lentamente. Sin embargo, aseguró confiar en el sistema judicial, "pese a actuaciones que cuesta mucho comprender". Citó que la Fiscalía se oponía al procesamiento de su esposa y que un tribunal superior había revocado varias decisiones del juez Peinado.

Lo que más sorprendió a observadores internacionales fue la exoneración del empresario Víctor de Aldama, quien supuestamente sobornó a los funcionarios públicos y cobró la mayor cantidad de mordidas en el escándalo. El Tribunal Supremo le suspendió la entrada en prisión y no lo obligó a devolver más de tres millones de euros que había recibido, argumentando que colaboró con la justicia en el descubrimiento de los delitos. Esta decisión plantea interrogantes sobre el alcance de la impunidad en España cuando un delincuente decide convertirse en testigo cooperante.