El sistema de salud colombiano está bajo presión. Cubre a casi toda la población del país, la gente no gasta de su propio bolsillo lo que gastaría en otros países de similar desarrollo, pero internamente funciona con defectos que crecen año a año. Según un análisis académico de la Universidad de los Andes, la respuesta no es desmantelar la arquitectura actual sino reconocer qué está quebrado y repararlo de verdad.

Desde 1993, cuando se creó la Ley 100, Colombia apostó por un modelo donde el Estado no maneja directamente la salud sino que la delega a empresas privadas llamadas EPS. Estas compiten entre sí supuestamente por calidad y eficiencia, aunque los precios están regulados. Cada EPS recibe una cantidad de dinero fija por cada afiliado, llamada UPC (Unidad de Pago por Capitación), para cubrir todas sus necesidades de salud. El sistema logró algo importante: casi el 99% de los colombianos tienen seguro. Comparado con otros países parecidos al nuestro, la gente no vuelca su bolsillo en gastos médicos. Esos son logros reales en equidad.

El problema es que esa cantidad de dinero fija, la UPC, no crece lo suficiente. El país envejece. Las enfermedades crónicas como la diabetes y la presión alta son cada vez más comunes. Aparecen nuevas medicinas. Todo eso cuesta más. Pero el dinero que recibe cada EPS por cada persona asegurada sigue más o menos igual desde hace años. La Corte Constitucional confirmó en 2025 que esta insuficiencia es real y sistemática. Cuando los costos suben y el dinero no acompaña, las EPS no invierten en prevención ni en mejorar la calidad. Solo sobreviven. Es como cortar gastos en casa cuando el sueldo no crece: primero se dejan ir las cosas importantes.

Además, el sistema tiene un problema geográfico brutal. En Bogotá, Medellín o Cali hay varios hospitales y especialistas. Las EPS pueden elegir dónde enviar pacientes y compiten de verdad. Pero en muchos pueblos hay un solo hospital público, a veces apenas funcionando. Las EPS llegan ahí pero no tienen a dónde más ir. La competencia que supuestamente disciplina el sistema desaparece. En esos territorios, tener tres o cuatro EPS peleando por usuarios no tiene sentido si solo hay un lugar donde atender.

La reforma que impulsa el Gobierno busca eliminar el papel de las EPS como aseguradoras y centralizar todo en el Estado. El análisis de la Universidad de los Andes advierte que si nadie asume riesgo financiero, nadie tiene incentivo para gastar eficientemente. Cambiar los precios fijos de cada región por un manual nacional es complicado cuando los costos varían tanto de un municipio a otro. "Sin sistemas robustos de información, podría generar asimetrías, quiebras hospitalarias o rentas injustificadas", según el análisis.

¿Cuánto dinero se necesita? El documento estima que en la próxima década el país podría necesitar invertir dos puntos adicionales del PIB, es decir, más dinero público destinado a salud. Pero solo valdrá la pena ese esfuerzo si se acompaña de cambios que arreglen cómo funciona el sistema: mejores incentivos, menos rigidez en los tratamientos, y reconocer que una cosa no funciona igual en la capital que en una vereda de Nariño.

La conclusión es que Colombia no necesita partir de cero. El sistema no es un fracaso. Tiene logros que defender: cobertura casi universal y protección del bolsillo de la gente. Lo que necesita es que cada peso adicional que se invierta, realmente mejore la salud de los colombianos, y eso requiere arreglar cómo funciona por dentro, no simplemente cambiar de dueño.