La aparición nuevamente de Cielo Rusinque en el listado oficial de candidatos para dirigir la Superintendencia de Industria y Comercio el 28 de marzo de 2026 encendió nuevamente las alarmas en círculos políticos y jurídicos del país. Su nombre había desaparecido del radar tras una decisión del Consejo de Estado que invalidó su designación anterior, pero ahora el Ejecutivo la reactiva como aspirante potencial.

Lo que ocurrió entre medias explica el giro. Rusinque había asumido la SIC en febrero de 2024, pero los tribunales cuestionaron si realmente cumplía los requisitos legales. El Consejo de Estado fue claro: aunque la funcionaria tenía más de trece años de experiencia laboral, solo una fracción de ese tiempo se consideraba directamente relacionada con lo que hace la SIC: vigilancia de la competencia justa, derechos de los consumidores, marcas y patentes, datos personales. El tribunal determinó que eso no alcanzaba los diez años mínimos de experiencia exigidos por ley en ese momento.

Tras el fallo, Rusinque presentó su renuncia. Pero aquí viene lo importante para entender el movimiento actual: el Gobierno expidió un decreto que modificó las exigencias de formación y experiencia para dirigir no solo la SIC, sino también otras superintendencias. Esencialmente, los requisitos bajaron o se flexibilizaron. Eso abrió la puerta legal para que Rusinque fuera considerada nuevamente.

La publicación de su hoja de vida activó el procedimiento formal de selección, lo que significa que hay un período donde ciudadanos y organizaciones pueden presentar observaciones antes de cualquier nombramiento definitivo. La Presidencia aún no confirma nada en firme, pero el trámite ya está en movimiento.

El efecto es dividido. Algunos sectores advierten que esto debilita la seguridad jurídica institucional: ¿cómo confiar en una entidad reguladora si su liderazgo está en permanente disputa legal? La SIC no es un cargo menor: controla mercados, protege a consumidores y arbitra conflictos entre empresas. Otros, en cambio, ven las modificaciones normativas como una corrección a reglas que consideran demasiado restrictivas para cargos que pueden ser removidos según criterio del Presidente.

Lo cierto es que la controversia sigue abierta mientras el proceso administrativo continúa su curso.