El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció hace poco que se retiraba de la Junta Directiva del Banco de la República porque no está de acuerdo con la decisión de aumentar las tasas de interés en 100 puntos básicos durante marzo. Lo que parece un gesto de protesta política tiene implicaciones económicas tan serias que expertos advierten sobre una posible parálisis de las decisiones monetarias del país.

Para entender por qué esto es tan grave, hay que saber que los estatutos del Banco de la República exigen que en la Junta Directiva estén presentes al menos cinco miembros, y uno de ellos debe ser obligatoriamente el ministro de Hacienda. Si el ministro no asiste, la Junta no puede sesionar legalmente. Jorge Restrepo, profesor y experto en economía, explica que si esta ausencia continúa hasta finales de julio, el banco quedaría incapacitado para tomar cualquier decisión sobre política monetaria. "Las consecuencias en términos económicos son las de impedir la correcta toma de decisiones por parte de la Junta Directiva del Banco de la República hasta que el gobierno decida revertir su decisión", señaló el experto.

La parálisis sería casi total. El Banco no podría aumentar ni disminuir tasas de interés. No podría responder a crisis internacionales como un cierre de crédito para Colombia en mercados externos. Tampoco podría ajustar requisitos de reservas, gestionar cupos de crédito o coordinar con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Todo esto dejaba a Colombia expuesta a ataques especulativos contra el peso y la deuda del país, en un momento particularmente delicado.

Pero además de estos problemas económicos, hay consecuencias legales severas. La Constitución y la ley establecen que el ministro de Hacienda debe presidir obligatoriamente la Junta del Banco. No es opcional. Por incumplir esta obligación, el ministro se expondría a sanciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación y a demandas administrativas ante el Consejo de Estado. Juan Alberto Londoño, exviceministro, va más lejos: "Si viola la Constitución se expone a sanciones disciplinarias y a sanciones penales, porque además pone en riesgo el ejercicio de una actividad constitucional como es la actividad monetaria del país". Incluso, el Congreso podría iniciar una moción de censura para sacarlo de su cargo.

El conflicto también tiene raíces políticas profundas. El actual gobierno ha convocado a una consulta popular para modificar la Constitución, precisamente en temas relacionados con cómo se maneja la política monetaria del país. Así que esta confrontación sobre la Junta del Banco no es un simple desacuerdo técnico, sino una batalla sobre quién controla las decisiones económicas fundamentales en Colombia.

Lo más preocupante, según los expertos, es la incertidumbre que esto genera. Si un choque económico interno o externo ocurre mientras no hay decisiones de política monetaria, Colombia estaría completamente desarmada para responder. Es como desconectar los frenos de un automóvil en medio del tráfico, solo para protestar por el destino hacia donde iba.