El gobierno de Reino Unido quiere prohibir que menores de 16 años accedan a redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Suena como una idea sensata para proteger a los adolescentes, pero aquí viene lo interesante: casi nadie está de acuerdo, y los que deberían estar en contra según la lógica política, en realidad tienen razón.

Las grandes plataformas tecnológicas no sorprenden al oponerse. YouTube advirtió que la medida podría empujar a los jóvenes hacia "servicios menos seguros" e impediría acceso a "experiencias seleccionadas, supervisadas y beneficiosas". Snapchat fue más específica: explicó que la mayoría del tiempo de sus usuarios adolescentes se dedica a mensajes privados con amigos y familia, no a contenido público arriesgado. "Una prohibición total que desconecte a los adolescentes de esas relaciones no los hace más seguros, sino que simplemente puede empujarlos a plataformas menos protegidas", señaló la compañía. Meta coincidió: "Como hemos visto en Australia, las prohibiciones corren el riesgo de aislar a los adolescentes de las comunidades e información en línea, además de empujarlos hacia alternativas no reguladas que carecen de protecciones integradas y controles parentales".

Lo que hace más fuerte este argumento es que no viene solo de las empresas. La Fundación Molly Rose, una organización enfocada en protección infantil que muchos esperarían apoye prohibiciones, rechazó la propuesta. Su análisis es técnico, no ideológico. Miraron lo que pasó en Australia, donde se implementó una ley similar hace meses, y encontraron que cuando los sistemas para verificar edad son débiles, los adolescentes igual logran acceder. La prohibición termina siendo inefectiva y confunde a los padres que intentan cumplirla.

Pero hay algo más preocupante. La fundación advierte que incluso si la prohibición funcionara perfectamente, tendría un costo alto. Muchos adolescentes con problemas emocionales o de salud mental encuentran en redes reguladas espacios de contención, orientación y formas de denunciar situaciones de riesgo. Si eso desaparece, esos peligros simplemente se trasladan a espacios menos visibles y más difíciles de supervisar. Como lo plantean: "no debemos apresurarnos a adoptar una medida que corre el riesgo de ofrecer una falsa sensación de seguridad, y cuya relación entre beneficios y perjuicios para los niños aún debe evaluarse y analizarse de forma rigurosa".

El gobierno de Keir Starmer defiende la medida con un respaldo: nueve de cada diez padres encuestados se mostraron a favor. Argumentan que las redes facilitan el acoso y afectan la salud mental de los menores. El debate, entonces, no es si las redes tienen riesgos, sino si prohibirlas es la solución correcta.