El Gobierno del presidente Gustavo Petro está rediseñando las pensiones de los colombianos por decreto, sin pasar por el Congreso. Esta semana se sumó otro proyecto que obligaría a trasladar 25 billones de pesos de los fondos privados hacia Colpensiones, pero lo inquietante es que esta no es la única medida. En los últimos meses han llegado al menos tres cambios más que ya están golpeando los bolsillos de millones de afiliados y pensionados en el régimen privado.

El primero fue el aumento del salario mínimo: pasó de 1.423.500 pesos en 2025 a 1.750.905 pesos este año, un incremento del 23 por ciento. Para que entiendas la magnitud, este es el mayor incremento real de los últimos 50 años, muy por encima de la inflación que fue del 5,1 por ciento. El segundo cambio modificó cómo se calcula el crecimiento anual de las pensiones. Técnicamente se llama parámetro de deslizamiento, pero lo importante es que ahora el Gobierno dejó de costear parte de los gastos que genera el aumento desmesurado del salario mínimo. Esa factura la pagan ahora los trabajadores y jubilados.

Cuando combinas estos dos cambios, el resultado es brutal: una renta vitalicia de salario mínimo costaba aproximadamente 350 millones de pesos el año pasado. Este año cuesta 550 millones. Eso es un aumento del 57 por ciento. En otras palabras, un colombiano promedio debe ahorrar 200 millones de pesos más para poder jubilarse. Como dice Asofondos, la asociación que representa a los fondos privados: "El efecto agregado de estas medidas se traduce en un riesgo sobre el seguro previsional, un menor ahorro, pensiones más bajas, y mayores exigencias de capital y de tiempo para pensionarse".

Las consecuencias son ya visibles. Hay 12.400 personas que tenían el dinero suficiente para pensionarse el año pasado, pero ahora no. Algunos ya alcanzaban la edad para retirarse, pero tendrán que seguir cotizando en promedio 4,6 años más. De ese grupo, 1.300 ya habían cumplido los años de servicio. Luego están los 72.600 jubilados bajo la modalidad de retiro programado que ya están sintiendo cómo sus mesadas mensuales se reducen drásticamente, en algunos casos hasta un 50 por ciento menos que lo que recibían hace un año.

Hay otro peligro financiero: el costo del seguro que cubre invalidez y muerte está trepando hacia su límite legal. Actualmente está al 2,63 por ciento y el techo es del 3 por ciento. Si esto continúa así, en los próximos años el seguro se volvería financieramente inviable. Eso dejaría sin cobertura de invalidez o muerte a más de 19 millones de afiliados. También hay un costo fiscal escondido: se estima que 3.600 personas este año entrarán al Fondo de Garantía de Pensión Mínima porque ya no pueden autofinanciar su jubilación. En 15 años serán 32.500 personas, con un pasivo fiscal acumulado de 4,8 billones de pesos.

A todo esto se suma el proyecto de decreto sobre los 25 billones de pesos que trabajadores movieron a Colpensiones en la llamada ventana de oportunidad. El Gobierno quiere que este dinero se quede en Colpensiones para que pague pensiones, pero la ley original decía que debería estar en fondos privados hasta consolidarse. Según el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, esto profundizaría el pasivo pensional que ya ronda el 200 por ciento del PIB (el Producto Interno Bruto, es decir, toda la riqueza que genera el país en un año). También liberaría una caja de 25 billones que el Ministerio de Hacienda podría usar para gastar más, profundizando el hueco fiscal.

Lo que preocupa a expertos es que todas estas decisiones se toman mediante decretos, no mediante una reforma aprobada por el Congreso, y en medio de un periodo electoral donde se elige el nuevo Congreso y presidente. El sistema de pensiones en Colombia afecta a millones, pero estos cambios se están haciendo de forma expedita, sin el debate que debería acompañar decisiones de esta magnitud.