El gremio de las administradoras de fondos de pensión encendió las alarmas esta semana. En un documento revelador, Asofondos detalló cómo dos decisiones tomadas por el Gobierno en los últimos meses generan efectos en cadena que nadie previó: el aumento histórico del salario mínimo y los cambios en las reglas del sistema pensional. La combinación, según la entidad, afecta a decenas de miles de colombianos que cotizan en el sistema privado.

Entendamos por qué duele esto en el bolsillo. El Gobierno subió el salario mínimo de forma más agresiva que lo acostumbrado. Eso suena bien para los trabajadores, pero en el sistema de pensiones causa un efecto dominó. Los requisitos para jubilarse se vuelven más exigentes: ese capital que necesitabas ahorrar antes ahora debe ser más grande, porque se calcula con base en un salario mínimo más alto. Resultado: miles de personas que se creían listos para retirarse descubren que deben seguir trabajando años más.

Los números son crudos. Asofondos identificó que 12.400 personas tendrán que posponer su pensión. Entre estos hay 1.300 que ya superaron la edad de jubilación pero siguen obligados a trabajar. En promedio necesitarán cotizar 4,6 años más. En los peores casos, algunos deberán esperar hasta 20 años adicionales: una carga casi imposible para adultos mayores que esperaban descansar.

El problema se ramifica. Hay otro grupo de 72.600 pensionados bajo la modalidad de retiro programado (el sistema donde el dinero se va gastando gradualmente) que ya están sintiendo reducciones en lo que reciben cada mes. El seguro que antes los protegía se encareció porque vender una pensión de por vida ahora cuesta más. Otros 32.500 personas terminarán dependiendo del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, un programa estatal que subsidia a quienes no lograron ahorrar lo suficiente. Esto representa un costo fiscal futuro que pagará el contribuyente general.

La zona gris es la más preocupante. Alrededor de 20.000 personas quedan en limbo: son jubilados que no califican para una renta vitalicia (el producto que garantiza ingreso de por vida) pero tampoco pueden mantenerse con retiro programado. Están atrapados sin acceso a ninguna protección clara.

Asofondos subraya que el problema no fue ignorancia sino falta de coordinación. Cuando el Gobierno tomó estas decisiones no evaluó cómo interactuarían entre sí. Lo que parecía un beneficio para trabajadores actuales se convirtió en una trampa para quienes estaban cerca de la jubilación.