Cartagena se convirtió esta semana en la sede de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, un evento respaldado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Colombia fue elegida para albergar este encuentro en reconocimiento de sus esfuerzos por resolver una deuda histórica: la redistribución de tierras que lleva más de cien años sin concretarse plenamente.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que el gobierno se propuso llegar a casi un millón de hectáreas gestionadas a través del Fondo Nacional de Tierras. Hasta ahora ha logrado gestionar 758.000 hectáreas, de las cuales aproximadamente 400.000 provienen de compras directas a particulares, principalmente a ganaderos con quienes se suscribió un acuerdo en 2022. El resto proviene de recuperación de tierras ocupadas indebidamente y de fondos especiales como el de reparación a víctimas del conflicto y recursos de la lucha contra las drogas administrados por la Sociedad de Activos Especiales.

Para el colombiano común, esto significa algo concreto: campesinos sin tierra o con posesiones insuficientes tienen la posibilidad de acceder a predios formalizados. Pero el progreso no es tan rápido como debería. Según Carvajalino, "la dificultad es inmensa pues hoy no tenemos jurisdicción agraria". Esto quiere decir que el Ministerio carece de autoridad legal para resolver problemas fundamentales como establecer límites claros en tierras del Estado o recuperar más rápidamente bienes ocupados ilegalmente, lo cual frena el proceso completo.

El contexto es importante para entender por qué esto importa a la economía del país. Colombia exporta más alimentos que antes precisamente porque ha crecido el área sembrada mediante esta redistribución de tierras. El sector agrícola aporta más al Producto Interno Bruto (PIB es la suma de toda la riqueza que produce un país). Comunidades locales que reciben acceso a la tierra producen el 80 por ciento de los alimentos que consume el mundo, según datos de las Naciones Unidas.

Sin embargo, reconoce la ministra, hay otro obstáculo: muchas tierras que se ofrecen no cumplen con condiciones legales o agrológicas adecuadas para entregar a campesinos. El gobierno tampoco está obligado a comprar cualquier tierra que le ofrezcan, sino solo a redistribuir la que está altamente concentrada y se explota ineficientemente.

El Acuerdo de Paz planteaba originalmente gestionar 3 millones de hectáreas, pero esa meta se ajustó a 1,5 millones. Con lo avanzado hasta ahora, Carvajalino espera terminar cerca del millón de hectáreas gestionadas cuando finalice este gobierno. Es un progreso notable pero aún insuficiente ante una estructura agraria que sigue siendo una de las más inequitativas del mundo.