A pocos meses de terminar el mandato presidencial, la reforma agraria enfrenta un desafío incómodo: apenas ha cumplido una quinta parte de lo que se propuso. El Gobierno planeaba comprar 1,5 millones de hectáreas durante estos cuatro años, pero hasta ahora solo ha adquirido de forma voluntaria 278.000 hectáreas. Si sumamos otras compras a través del Fondo para Víctimas y la Sociedad de Activos Especiales, llegamos a poco más de 445.000 hectáreas en total. Una brecha que genera preguntas sobre qué salió mal en uno de los proyectos estrella del actual Gobierno.

Lo curioso es que no es por falta de oferta. Se han presentado más de 1,5 millones de hectáreas para vender, incluyendo 116.000 del gremio de ganaderos Fedegán con el que el presidente Gustavo Petro firmó un acuerdo directo. Sin embargo, la mayoría de estas tierras no llega a ser comprada. La Agencia Nacional de Tierras explica que recibir una oferta no es lo mismo que hacer una compra. Cada predio debe pasar por una serie de filtros: que esté en zonas priorizadas, que sea realmente productivo y que no tenga enredos legales. Muchos terrenos simplemente no cumplen.

El meollo del asunto está en los requisitos técnicos y jurídicos. Algunos predios quedan descartados porque sus propietarios no pueden demostrar que son dueños reales, lo que sugiere que podrían ser tierras públicas. Otros están comprometidos en procesos de restitución para víctimas del conflicto. También hay casos donde el terreno simplemente no es apto para agricultura. A esto se suma que varios dueños rechazan la oferta de precio que hace la ANT y no continúan el trámite, porque el proceso es completamente voluntario.

Además de estos obstáculos técnicos, han aparecido nuevos problemas. Durante 2025 se detectaron estafas donde falsos funcionarios de la ANT cobraban entre 300.000 y 2 millones de pesos a campesinos por trámites inexistentes. César Santoyo, jefe de la Oficina del Inspector de la ANT, señaló que "hay gente cobrando por hacer trámites, haciéndose pasar por funcionarios de la Agencia y utilizando falsas convocatorias laborales y otras artimañas para engañar a la comunidad".

Donde sí hay progreso es en otro lado de la balanza: la formalización de tierras. El Gobierno reporta que ha titulado 1,9 millones de hectáreas a campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes. Esto significa darles papeles oficiales de propiedad a tierras que ya ocupaban. Además, se han creado 20 nuevas Zonas de Reserva Campesina y se han expedido casi 1.900 títulos para infraestructura rural como escuelas y puestos de salud. Los firmantes de paz también han recibido más de 17.000 hectáreas como parte de su reincorporación.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, declaró 2026 como el Año de la Justicia Agraria y expresó: "Reclamamos justicia y exigimos que las vidas que se han cegado por la codicia sean reparadas, y que, con la verdad, le devolvamos a este país la dignidad que merecemos". Aunque el ritmo de compra de tierras sigue siendo lento, la formalización demuestra que hay un camino avanzado, aunque por otra ruta.