Durante la II Conferencia Internacional de la Reforma Agraria, Máximo Torero, economista jefe de la FAO (la agencia de la ONU encargada de alimentación y agricultura), lanzó un mensaje claro: si Colombia y el mundo quieren consolidar la paz y sacar a millones de personas del hambre, tienen que tomarse en serio la reforma agraria. No es solo un tema de política, es de matemáticas brutal.

El punto de partida es desgarrador. A nivel mundial, apenas el 35 por ciento de los terrenos agrícolas tienen documentación formal que demuestre quién es el dueño. Esa incertidumbre sobre la propiedad desalienta a los agricultores de invertir en mejorar sus suelos, cuidar el agua o adoptar prácticas más sostenibles. Y sin acceso claro a la tierra, tampoco pueden acceder a créditos bancarios, seguros o servicios financieros que les permitieran crecer. Es un círculo vicioso que mantiene atrapados a millones en la pobreza rural.

Torero fue directo con los números que demuestran por qué urge actuar. Si se logra recuperar apenas el 10 por ciento de las tierras que hoy están degradadas (es decir, dañadas y poco productivas), se podría alimentar a 154 millones de personas adicionales cada año. Dicho de otra forma: mientras el mundo tiene tierras suficientes para resolver el hambre, las está desperdiciando. Y el reloj avanza. "Sin intervención hacia el 2050, el mundo podría enfrentar un déficit de tierras agrícolas equivalente al doble del tamaño de la India", advirtió.

En Colombia, la FAO ya tiene presencia activa. Ha brindado asistencia técnica al Gobierno en temas como el ordenamiento social de la propiedad rural, la reducción de brechas entre hombres y mujeres agricultores, y la creación de sistemas catastrales modernos. Pero las mujeres, que representan aproximadamente la mitad de los pequeños productores rurales, siguen enfrentando barreras aún más profundas para acceder a tierra y recursos.

Para Torero, la solución no es solo entregar tierra. Una reforma agraria verdadera debe reconocer tanto los derechos formales (los que están en papeles y registros) como los informales (los que la comunidad respeta pero que no están documentados), garantizar que los campesinos participen en las decisiones que los afectan, y fortalecer las instituciones públicas para que estas reglas se cumplan. "La gobernanza responsable de la tierra es una versión estratégica en desarrollo y estabilidad", fue su conclusión. En otras palabras: sin orden claro en quién tiene qué tierra y por qué, ni la paz ni el desarrollo agrícola son posibles.