La geografía del aislamiento se convirtió en obstáculo crítico cuando el avión Hércules C-130 número 1016 de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó en Puerto Leguízamo. El siniestro ocurrió minutos después del despegue desde ese municipio del Putumayo, cuando la aeronave regresaba a Bogotá tras completar labores de abastecimiento para el Ejército. A bordo viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes, para un total de 125 personas, la mayoría militares.

El gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, fue directo al reconocer un problema que muchos gobiernos locales prefieren ocultar: simplemente no hay capacidad en la región para manejar una crisis de esta magnitud. "No tenemos la capacidad de trasladarlos", advirtió en declaraciones a Caracol Televisión. Puerto Leguízamo es uno de los municipios más remotos del país. No existe carretera que lo comunique con el resto del departamento. La única forma de llegar es por río, en un viaje de ocho horas, o por avión. Eso significa que cuando ocurren emergencias médicas graves, cada minuto cuenta de manera diferente que en ciudades conectadas por tierra.

Hasta el momento del reporte, 48 heridos habían sido rescatados, aunque esta cifra es preliminar. El general Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, reconoció que aún no hay un balance concreto de víctimas. El gobernador Molina dejó clara la prioridad: "Estamos dedicados a hacer la contingencia para poder atender los heridos que se están rescatando".

La Fuerza Aérea respondió con un operativo sin precedentes hacia la zona. Un avión ambulancia ya estaba próximo a aterrizar en Puerto Leguízamo. Un segundo Hércules C-130 despegaba desde Bogotá con capacidad para 50 camillas destinado al transporte masivo de heridos. Detrás de él viajaba un avión Casa 295 con 24 camillas disponibles. Además, un helicóptero medicalizado UH-60 fue enviado con médicos adicionales para clasificar y evacuar a las víctimas. Un equipo investigador también fue desplegado para determinar qué causó el accidente.

El avión involucrado fue adquirido por Colombia en 2018 a través de un programa de excedentes de defensa estadounidense e incorporado a operaciones en 2020. Fue reincorporado en 2023 tras someterse a un mantenimiento mayor que incluyó desmonte completo de su estructura, motores y tren de aterrizaje, con inspección y reemplazo de componentes necesarios para volver a operar.