Un cambio en la forma como el Estado calcula el impuesto predial ha generado una crisis de movilidad que afecta a diez departamentos. Desde el jueves pasado, campesinos, propietarios urbanos y comerciantes mantienen bloqueos en vías estratégicas para rechazar la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, que actualizó automáticamente los avalúos catastrales. La protesta, coordinada desde la Veeduría Nacional del Catastro Multipropósito, exige que el Gobierno derogue completamente esta decisión.

Santander es el departamento más golpeado por el paro. El sábado 11 de abril, la Ruta 45 en Sabana de Torres permanecía congestionada, mientras el acceso al aeropuerto internacional Palonegro seguía cerrado desde la madrugada del jueves. La situación obligó a pasajeros a bajar de sus vehículos y caminar más de cuatro kilómetros con maletas para no perder sus vuelos. Según Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander, "Hay adultos mayores desplazándose a pie" y se corre riesgo de cierre total del aeropuerto. La presión logró un acuerdo parcial: paso intermitente de 15 minutos por hora en el corredor hacia Bucaramanga. También quedaron cerradas las conexiones hacia Antioquia, Bogotá, Barrancabermeja y Norte de Santander, dejando incomunicados diez municipios.

Lo que genera esta furia es el salto brutal en los impuestos. En Yoyal, Casanare, un ciudadano vio su predial pasar de cerca de 48.000 pesos a más de 500.000 en un solo año. En occidente de Boyacá, el ingeniero Fabián Monroy, líder de la veeduría catastral, denunció incrementos entre el 4.000% y el 9.000%. "Esta resolución afecta a 527 municipios, de los cuales 82 son en Boyacá", precisó Monroy. Sandra Patricia Giraldo, líder del comité del paro en Quindío, advirtió que estas actualizaciones "ignoran los marcos legales existentes" y que deben ser progresivos, no saltos abruptos.

El conflicto tiene raíces profundas. El catastro multipropósito es un inventario digital de todos los predios del país: casas, fincas, lotes, locales. Registra ubicación, propietario y valor comercial estimado. Con esa información, el Estado cobra impuestos y resuelve conflictos de tierras. El problema es que llevaba 20 años sin actualizarse. Según el Gobierno, esto benefició a grandes propietarios que pagaban impuestos mínimos, mientras las finanzas locales sufrían. La solución fue automatizar la actualización, pero nadie anticipó que los saltos serían tan violentos.

Boyacá, Cundinamarca y Casanare reportan bloqueos en al menos nueve puntos. En Cundinamarca, la afectación se concentra en la vía Bogotá-La Calera al kilómetro 7. El gobernador Jorge Emilio Rey anunció una mesa técnica con el director nacional del Instituto Geográfico para revisar los avalúos de municipios como La Calera y Choachí. En Casanare, Yopal y Hato Corozal reportaron cierres desde las ocho de la mañana. Norte de Santander cerró la vía Cúcuta-Pamplona en Mutiscua, y en Cesar, San Alberto también se sumó.

Los manifestantes fueron categóricos: cualquier negociación será directamente con el Gobierno nacional, rechazando acuerdos con gobernaciones o alcaldías. El viceministro para el Diálogo Social convocó a dialogar el viernes 10 de abril, pero al cierre de esa jornada los bloqueos se mantenían en la mayoría de puntos. El pliego de peticiones es claro: derogatoria total de la Resolución 2057, suspensión inmediata de actualizaciones, freno a embargos y sanciones por no pago, y apertura de una reforma estructural a la política pública catastral.