Procuraduría suspende interventor de Coosalud y abre investigación a cinco funcionarios de la EPS
La Procuraduría General de la Nación ordenó investigar a cinco agentes que han supervisado a Coosalud EPS tras una visita administrativa realizada en agosto de 2025. Alexander Mesa Romero, el interventor principal, fue suspendido provisionalmente por tres meses sin recibir salario mientras avanza la investigación. La medida surge de hallazgos sobre crisis financiera y violación del derecho a la salud en el sistema de seguridad social.
La Procuraduría acaba de dar un golpe administrativo contra la dirección de Coosalud EPS. Abrió investigación disciplinaria contra cinco interventores que han estado a cargo de supervisar esta entidad promotora de salud, y además suspendió por tres meses a Alexander Mesa Romero, quien fungía como agente especial interventor. Mientras dure su suspensión, Mesa Romero está fuera de su puesto y sin recibir sueldo.
Todo partió de una visita que la Procuraduría hizo a Coosalud el 14 de agosto de 2025. Los inspectores encontraron material preocupante: documentos técnicos, jurídicos y financieros que mostraban problemas graves. El informe final, completado en enero de 2026, pintaba un panorama de lo que el documento denomina "grave crisis que atraviesa el Sistema General de Seguridad Social en Salud", incluyendo violación sistemática del derecho fundamental a la salud y desestabilización financiera.
Cuando esto llegó a manos de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social en febrero de 2026, decidieron investigar a fondo. Los cinco funcionarios bajo investigación son Mauricio Camaro Fuentes, Gloria Libia Polanía Aguillón, Carlos Eduardo Franco Muñoz, Julio César Piñeros Cruz y Alexander Mesa Romero. Todos ejercieron funciones como interventores de Coosalud.
La suspensión de Mesa Romero no es una sanción definitiva, sino lo que en lenguaje jurídico se llama una "medida cautelar" (una acción preventiva mientras se investiga). La Procuraduría argumentó que dejarlo en el cargo podría permitir que continúe o repita las conductas que están siendo investigadas. Por eso lo sacaron del puesto inmediatamente, bajo el argumento de proteger el funcionamiento del sistema de salud.
La Procuraduría ya pidió a la Superintendencia Nacional de Salud que ejecute la suspensión y nombre a alguien temporalmente en su lugar. Los cinco investigados serán notificados formalmente y tendrán derecho a rendir versión libre, presentar pruebas y defenderse conforme a la ley. Mientras tanto, tres funcionarios de la Procuraduría fueron comisionados para adelantar todas las diligencias necesarias del caso.
Fuente original: Portafolio - Economía