La emergencia económica que el presidente Gustavo Petro anunció hace apenas unos meses enfrenta una batalla frontal en la Corte Constitucional. La Procuraduría General de la Nación, a través de su jefe Gregorio Eljach, acaba de entregar su veredicto preliminar: el decreto que la sostiene no se ajusta a la Constitución. Se trata de un análisis de 40 páginas dirigido al magistrado Carlos Camargo, quien estudiará el caso. Aunque este concepto no obliga al tribunal, su peso es considerable en decisiones de esta magnitud.

El punto de discordia es fundamental: para que un gobierno pueda declarar un estado de excepción y tomar decisiones sin tramitar leyes normales, necesita demostrar que enfrentó una crisis extraordinaria y que cada gasto que autoriza está vinculado directamente a resolver esa crisis. La Procuraduría encontró que Petro no cumple este requisito en varios frentes. El organismo pidió que se rechacen los apartados del decreto que justifican gastos en defensa, en atención de desastres naturales, en el pago de fallos judiciales que los juzgados han ordenado y en saldar deudas atrasadas del Estado. "Según la Procuraduría, estos asuntos no tienen un vínculo suficiente con la crisis humanitaria invocada por el Ejecutivo y, por tanto, no deberían tramitarse mediante un estado de excepción." El gobierno argumentó que la emergencia era necesaria para cubrir estos costos sin pasar por trámites legislativos, pero para el órgano de control eso no es una razón válida constitucional.

Hay una excepción importante: la Procuraduría sí apoya que se usen recursos de emergencia para fortalecer la salud pública. Lo hizo de forma clara, diciendo que Eljach calificó como "urgente y necesario" que el Estado garantice el derecho fundamental a la salud. Aquí el diagnóstico es preocupante. Las aseguradoras de salud (las EPS) reportan que sus costos están en el 109,5 por ciento de sus ingresos, lo que significa un agujero presupuestal de casi 6 billones de pesos. En 2025 el Estado destinó 88,4 billones para pagos a EPS, y para 2026 proyecta 101 billones, pero incluso con eso la cuenta no cierra. Además, hay diferencias injustas: el dinero que reciben los afiliados al régimen contributivo (quienes tienen trabajo formal) crece más que para los del régimen subsidiado (más pobres).

La Defensoría del Pueblo, en febrero, advirtió que el ajuste de dinero propuesto para 2026 solo corrige parte del problema. Las fallas estructurales del sistema vienen de años atrás. Incluso con la intervención del gobierno, que ahora administra directamente ocho EPS para intentar controlar el caos, el sistema sigue roto. Fue el propio magistrado Carlos Camargo quien, junto con una sala especializada de la Corte, abrió hace poco una investigación por desacato porque el sistema no cumple con lo que la Corte ordenó en 2008: garantizar la salud como derecho fundamental.

Entonces el cuadro queda así: la Procuraduría ve la emergencia de Petro como inconstitucional en su diseño general, pero reconoce que el país efectivamente necesita recursos adicionales para intentar rescatar un sistema de salud que se desmorona. Es una posición incómoda para ambos lados. Si la Corte falla a favor de la Procuraduría, tumba buena parte del decreto pero debe resolver qué hacer con la salud. Si falla en contra, valida una emergencia que el órgano de control considera defectuosa desde lo legal. Mientras la Corte decide, las EPS siguen perdiendo dinero y los afiliados esperan qué pasa con sus medicinas y procedimientos.