Un informe de la Procuraduría establece que la Nueva EPS es responsable de la muerte del menor Kevin Arley Acosta Pico, quien falleció el 13 de febrero. El hallazgo principal es contundente: "El menor Kevin Acosta fue víctima de la omisión de la Nueva EPS por falta de suministro del medicamento", dice textualmente el ente de control. No se trata de un caso aislado de mala suerte médica, sino de una falla administrativa que cobró una vida.

Kevin Acosta padecía hemofilia, una enfermedad donde la sangre no coagula correctamente. Para controlarlo, necesitaba Emicizumab, un medicamento especializado que debía recibir de manera continua. Pero aquí viene el problema real: la Nueva EPS no pagó a tiempo a Medicarte, la institución que lo atendía, así que esta entidad suspendió el tratamiento. El niño pasó casi dos meses sin acceso a su medicina. Cuando intentaron trasladarlo a otra institución llamada IPS Integral para que siguiera siendo tratado, tampoco funcionó porque la Nueva EPS tampoco les estaba girando dinero. Al final, cuando Kevin Acosta falleció, ni siquiera estaba asignado a ninguna institución de salud.

La Procuraduría no se detiene en este caso. Sus investigadores advirtieron que aproximadamente 2.000 pacientes que pasaron por las mismas instituciones podrían estar enfrentando riesgos similares. Estos pacientes no tendrían garantizados ni los servicios básicos ni la continuidad de sus tratamientos, lo que representa una alerta grave sobre el funcionamiento del sistema.

Las consecuencias administrativas ya están en marcha. La Procuraduría remitió el informe a la Fiscalía General para que se adelanten investigaciones penales contra quienes resulten responsables. Además, abrió un proceso disciplinario contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS, para establecer si hubo incumplimientos en su gestión que afectaron la prestación del servicio.