Cuando hablas de minería ilegal en Colombia, los números son alarmantes. En un foro organizado por Casa Editorial El Tiempo y la Federación Nacional de Departamentos se presentó una realidad incómoda: entre el 75 y el 80% del oro que circula en el país no viene de operaciones legales, sino de la extracción clandestina. Esto no es un asunto menor de contrabando: representa pérdidas estimadas entre 4 y 5 billones de pesos anuales que terminan en manos de organizaciones criminales.

El director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, lo planteó con claridad en el evento: "En Colombia la discusión no es si la minería sí o no; la discusión es minería sí, pero formal y legal, no extracción ilegal". El punto clave es que durante años el Estado ha tratado la minería clandestina como un problema ambiental, cuando en realidad es un asunto de seguridad nacional. Los criminales que controlan estas operaciones no solo explotan recursos: ejercen dominio territorial, financian estructuras armadas y desplazan comunidades. Por eso Tavera insistió en que "la legislación tiene que empezar a hablar de un crimen contra la seguridad del Estado por el problema que conllevan las rentas criminales y el control territorial".

En Nariño, por ejemplo, el gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo reveló que entre 15 y 20 toneladas de oro salen ilegalmente cada año del departamento. Para darle escala: eso representa más de 300 mil millones de pesos que se fugan anualmente. El mandatario señaló que mientras estas rentas criminales fluyen sin control, el territorio deja de recibir ingresos que podrían financiar educación, salud e infraestructura.

¿Por qué tantos pequeños mineros terminan en la ilegalidad? El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño Alcocer, expuso el obstáculo burocrático: formalizar una operación minera en Colombia puede tomar hasta 10 años. Mientras se espera un permiso, la presión económica obliga a miles de trabajadores a entrar en la clandestinidad. Nariño Alcocer destacó que donde hay acompañamiento real del sector privado, entre el 40% y el 55% de la producción logra formalizarse, lo que prueba que es viable cuando hay voluntad institucional.

El fenómeno es complejo. No es lo mismo la minería ancestral que comunidades pequeñas practican en Antioquia o Cauca, que la operación industrial clandestina. Tampoco es comparable con la extracción en parques naturales protegidos, donde el daño ambiental es irreversible. Pero todos estos modelos ilegales comparten algo: financian el crimen.

Los participantes del foro coincidieron en un diagnóstico: hay vacíos legales, demoras institucionales para otorgar permisos formales, y una débil coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso ha creado el escenario perfecto para la expansión de la minería ilegal. Mientras el Estado discute reformas, las organizaciones criminales extraen oro, controlan regiones y sabotean la gobernabilidad. Es un problema que requiere decisión política contundente, no solo buenos diagnósticos.