El brazo fiscalizador del Estado se metió de lleno en una disputa que ha estado hirviendo en silencio en la aviación colombiana. La Procuraduría General de la Nación comenzó en agosto de 2025 cuatro investigaciones contra la Aeronáutica Civil. No es un asunto menor: indaga por presuntas fallas en sistemas vitales para que los aviones se mantengan seguros en el aire y en tierra, y también por un posible cambio en las reglas de juego para asignar horarios de vuelo en El Dorado, nuestro principal aeropuerto.

Lo que movió al Ministerio Público a actuar fue una inconsistencia incómoda. El director de la Aerocivil, Luis Martínez Chimenty, dijo públicamente en Caracol Radio que no existía ningún borrador para reformar el sistema de slots, es decir, los horarios de despegue y aterrizaje. Pero en documentos oficiales que la misma entidad envió a la Procuraduría, reconoce que hay ajustes en fase de elaboración. Esa contradicción fue la que encendió las alarmas en el órgano de control.

Actualmente funciona así: las aerolíneas mantienen sus franjas horarias si utiliza al menos el 80 por ciento de los vuelos que contrataron en el período anterior. Pero la Aerocivil argumenta en un documento que "en el derecho administrativo colombiano, no existen derechos adquiridos sobre la explotación de bienes públicos frente a cambios regulatorios motivados por la necesidad técnica y el bienestar común". Traducción: sostiene que puede cambiar las reglas cuando le parezca necesario, sin consultarle mucho a nadie.

El problema es que eso podría afectar directamente su bolsillo. Paula Bernal, representante de la IATA en Colombia, la organización mundial de aerolíneas, fue clara: "El Dorado, catalogado como nivel 3 de congestión, ha operado bajo estas reglas durante la última década. La ausencia de reglas claras puede generar menos rutas o menos frecuencias, y si hay menos sillas disponibles, el resultado puede ser un incremento en los precios de los tiquetes". Más de 50 millones de colombianos volaron en 2023. Si cambiar las reglas encarece los vuelos, muchos simplemente dejarían de viajar.

Pero hay algo más grave debajo de este pulso entre reguladores y aerolíneas. La Procuraduría también investiga fallas en sistemas de seguridad aérea. El sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS por sus siglas en inglés) de la pista norte de El Dorado estuvo apagado más de un año y ahora no estaría calibrado correctamente. Hay reportes de problemas también en Pasto y Yopal. Además, indagan si el sistema que permite que los aviones transmitan automáticamente su ubicación (ADS-B) funciona correctamente, porque hay alertas de ubicaciones erróneas. Y cuestionan el estado del radar de superficie que lleva instalado desde 2016.

Mientras todo eso se investiga, la IATA propone algo diferente: en lugar de cambiar las reglas, ampliar la capacidad del aeropuerto. En 2023 hicieron un estudio conjunto y encontraron 23 medidas para mejorar. Lo interesante es que 16 de esas medidas no requieren construir infraestructura nueva, solo ajustes operativos. El Dorado actualmente maneja 74 movimientos por hora. Según IATA, podría llegar a entre 90 y 100 si se implementan esas recomendaciones. "La capacidad no es estática. Si la demanda crece, el aeropuerto debe crecer al mismo ritmo", señaló Bernal.

La mesa técnica que convocó la Procuraduría en los próximos días será decisiva. No es solo un debate sobre quién tiene razón en el papeleo administrativo. En el fondo, se trata de garantizar que el transporte aéreo, que es un servicio público esencial, siga siendo seguro, eficiente y que los colombianos puedan acceder a él sin que les salga del bolsillo. El próximo movimiento de la Procuraduría definirá si lo que enfrentamos es un simple ajuste de reglas o un cambio de fondo en cómo opera el principal aeropuerto del país.