El presidente Gustavo Petro quiere que los bancos destinen recursos obligatoriamente hacia proyectos de emergencia climática, pero la medida está generando una pulseada con el sector financiero. Seis exministros de Hacienda y la banca entera advierten que esto podría salir caro para los colombianos de a pie.

La preocupación es concreta: si el Estado obliga a los bancos a invertir en lo que el Gobierno prioriza, habrá menos dinero disponible para prestar a otros sectores. Y cuando hay menos dinero en circulación, los créditos se encarecen. Es matemática simple. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria (la asociación de bancos), lo explicó así: "Una medida así termina afectando a los colombianos vía encarecimiento de los créditos y no necesariamente garantiza un mayor crédito en los sectores que se desean impulsar".

El impacto sería masivo. Según los cálculos de Asobancaria, las tasas de interés de los créditos subirían entre 50 y 100 puntos básicos (es decir, entre 0,5 y 1 por ciento), y en algunos casos hasta 45 puntos porcentuales más. Esto significa que pedir un crédito para vivienda, auto o invertir en negocio saldría considerablemente más caro.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, fue más allá en su diagnóstico. Cuando los créditos se encarecen, los empresarios y familias piden menos dinero prestado, invierten menos, contratan menos. Todo eso reduce el crecimiento económico del país. Restrepo es claro en su advertencia: "Este tipo de intervenciones a lo único que conducen es a que se reduzca la inversión en la economía y con ello se reduzca el crecimiento en la economía. Es una medida que ningún país del mundo tiene realmente porque es una medida distorsionante".

Los números del impacto macroeconómico también son preocupantes. Una inversión forzosa de 35 billones de pesos reduciría el crecimiento económico en 0,3 puntos porcentuales y la cartera de créditos en 0,9 puntos. Para un país que crece poco, esto es significativo. Además, Colombia ya tiene lo que los economistas llaman "represión financiera" (restricciones que el Estado pone al sistema financiero). Somos el tercer país de la región con más represión, según Malagón.

Lo que existe ahora es una inversión forzosa menor: los bancos deben mantener un porcentaje de sus recursos en Títulos de Desarrollo Agropecuario emitidos por Finagro para financiar crédito agrícola. La propuesta de Petro sería mucho más amplia.

Frente a las críticas del Gobierno al pacto por el crédito que firmó con la banca en agosto de 2024, Malagón defiende el acuerdo y reporta avances. Dice que un mes antes de cerrar el pacto ya habían desembolsado el 90 por ciento de la meta comprometida. El debate técnico sobre la inversión forzosa apenas está comenzando, y todo indica que será un tema de pulso entre el Gobierno y el sector financiero en los próximos meses.