Caxdac, la entidad que gestiona las pensiones de los pilotos civiles colombianos desde hace 70 años, encendió las alarmas tras lo que califica como una orden ilegal emitida por un funcionario de la Superintendencia Financiera. Según denuncian, esta disposición buscaría trasladar los ahorros pensionales de 347 aviadores hacia Colpensiones, el sistema público de pensiones, sin respaldo legal alguno. El presidente de la junta directiva de Caxdac, Jorge Mario Medina Cadena, ya presentó una denuncia penal por presunto prevaricato en contra del funcionario responsable.

La razón del conflicto va más allá de un simple trámite administrativo. Caxdac advierte que permitir este traslado equivaldría a una expropiación de los ahorros de los pilotos y desenmarañaría un sistema que ha operado durante siete décadas de forma privada. Desde la perspectiva de los aviadores, la Superintendencia Financiera estaría abusando de sus facultades de supervisión para imponer una decisión que vulnera la libertad de elección de los afiliados.

Pero hay algo más que preocupa a los pilotos: detrás de este traslado estaría el interés de las aerolíneas. Cerca de 150.000 millones de pesos es lo que estas empresas deben al sistema pensional de los aviadores. Ampliando el panorama, la deuda total con el sistema alcanza los 300.000 millones entre más de 200 empresas, y lo más problemático es que más del 80 por ciento de esas empresas ya se han liquidado sin resolver sus compromisos.

Aquí es donde el bolsillo de todos los colombianos entra en juego. Si Caxdac pierde su capacidad de cobrar a las aerolíneas y estas no pagan, ¿quién termina cubriendo las pensiones de estos 1.000 aviadores, sus esposas y viudas? El Estado, es decir, los recursos públicos generados por los impuestos de toda la ciudadanía. Por eso los pilotos hacen un llamado urgente al Presidente de la República, a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado y a los organismos de control para que intervengan y bloqueen lo que consideran una injusticia pensional.