El presidente Gustavo Petro no se guardó palabras esta semana al responder el concepto de la Procuraduría General, que pide tumbar el decreto de emergencia económica que él había decretado hace meses. El mandatario calificó la postura del ente de control como "miope" e insistió en que esa herramienta es necesaria para que Colombia no termine en una crisis financiera.

Detrás de todo esto hay un número que asusta al gobierno: mientras la economía colombiana creció apenas 2,6 por ciento el año pasado, los intereses que cobra el Banco de la República por su tasa de referencia están en 5 por ciento real. En otras palabras, el país está pidiendo dinero prestado a un costo más caro de lo que puede generar riqueza. Suma a esto un hueco fiscal de 65,7 billones de pesos que el gobierno necesita cubrir de alguna forma. Para contextualizarlo, Petro señaló que ese agujero es incluso más pequeño que lo que Colombia gasta cada año subsidiando la gasolina, cifra que llegó a 70 billones de pesos.

El presidente criticó duramente a varias instituciones por bloquear su estrategia. Dice que el Congreso y la Corte Constitucional le impidieron aumentar impuestos a los sectores más ricos, mientras que acusó al Banco de la República de subir demasiado las tasas de interés, lo cual, según su análisis, va en contravía de lo que proponen los economistas. Para Petro, toda esta resistencia responde a una intención política de la oposición para crear las condiciones de una verdadera crisis.

Por su parte, la Procuraduría argumentó que ciertos gastos del Estado—como la defensa, la protección de víctimas y sentencias judiciales pendientes—no deberían resolverse mediante un decreto de emergencia. Sin embargo, el ente de control sí apoyo mantener algunas medidas relacionadas con asuntos de salud. El gobierno ya ha anunciado cortes de 16 billones de pesos en gastos.

Petro pidió formalmente a la Corte Constitucional que levante la suspensión que pesa sobre este decreto para poder implementarlo a fondo. El tribunal constitucional tiene hasta el 16 de abril para decidir si el decreto es legal o si lo tumba. El fallo que salga de allá determinará si Colombia tiene herramientas para enfrentar su crisis de deuda o si el gobierno deberá buscar otras estrategias.