La pelea entre el Gobierno y los gremios financieros alcanzó un nuevo punto de tensión. El Ministerio del Trabajo sacó a consulta un decreto que cambiaría las reglas del juego en las pensiones: obligaría a las administradoras de fondos privados, conocidas como AFP, a entregar en apenas 15 días todo el dinero acumulado de cualquier cotizante que quiera trasladarse a Colpensiones, el fondo público. No importaría si la persona ya cumplió con los requisitos para jubilarse o no.

Anif, que es el gremio que agrupa los bancos e instituciones financieras, sacó las alarmas inmediatamente. Según sus cálculos, esta medida movería cerca de $25 billones de las AFP hacia Colpensiones de golpe. El riesgo, explican, es que esos recursos dejarían de fortalecer lo que llamamos el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que es donde se guardan los dineros para financiar las pensiones futuras de trabajadores que ganan hasta 2,3 salarios mínimos. Dicho de forma más directa: si todos sacamos nuestros ahorros ahora, no habrá dinero para pagar las pensiones después.

Anif también advierte que el 70% de esos $25 billones, es decir unos $17,5 billones, está invertido en deuda del Gobierno. Si se liquida todo ese dinero en poco tiempo, sería como si de repente el Estado tuviera que vender una montaña de bonos a cualquier precio. Eso haría que los bonos se devalúen y que al Gobierno le cueste más caro pedir dinero prestado en el futuro. En otras palabras: pagaríamos más impuestos o habría menos dinero para carreteras y hospitales.

Pero el presidente Petro toma una posición radicalmente diferente. Para él, la plata es de los trabajadores que cotizaron, y punto. Defendió que "los recursos pertenecen a los cotizantes y deben transferirse de manera inmediata cuando así lo soliciten". Cuestionó a Anif y a los gremios privados preguntándose si realmente están negando un derecho de los ahorradores o si lo que hay es que las AFP no tienen capacidad operativa para hacer los traslados. Incluso invitó a los cotizantes a meter tutelas en los juzgados si sienten que les están violando sus derechos.

El Gobierno anunció que se reunirá con la Superintendencia Financiera para revisar el asunto y reiteró que rechazar un traslado voluntario sería inconstitucional. Petro también pidió a la Corte Constitucional que apruebe su reforma pensional y convocó a Asofondos, la asociación de administradoras de fondos, a conversar sobre las capacidades del sistema.

El debate pone sobre la mesa una tensión muy colombiana: el derecho individual de cada persona sobre su dinero versus la estabilidad de todo el sistema. Si todos tenemos derecho a sacar nuestros ahorros cuando queramos, ¿quién paga las pensiones? Pero si el sistema nos impide acceder a nuestra propia plata, ¿realmente nos pertenece?