Durante una intervención en el Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lanzó un mensaje directo: sin una nueva reforma tributaria, Colombia no tendrá dinero suficiente para sostener sus Fuerzas Militares. El mandatario fue claro en su diagnóstico: "se hace o el país se quiebra". La advertencia llegó acompañada de cifras concretas que explican por qué el Gobierno considera esto tan urgente.

El sector defensa necesita 12 billones de pesos para modernizar el armamento tanto de militares como de policías. Hoy en día el Estado tiene aproximadamente 9 billones disponibles, lo que significa un faltante de 3 billones de pesos. Para poner esto en perspectiva, ese dinero faltante es lo que hace la diferencia entre tener equipos modernos y seguir operando con máquinas viejas y costosas de mantener. Petro culpó directamente al Congreso por esta situación, recordando que dos leyes de financiamiento anteriores fueron hundidas en el legislativo y que la primera emergencia económica fue suspendida.

El presidente utilizó el trágico accidente de una aeronave militar en Puerto Leguízamo que costó la vida de 69 uniformados para ilustrar el problema. Criticó que Colombia siga operando aviones con 43 años de antigüedad, refiriéndose a ellos como "chatarra". Explicó que mantener máquinas tan viejas es mucho más caro que comprar equipos nuevos, especialmente en aviones de transporte de tropas que se usan constantemente y se desgastan más rápido.

Petro también expresó su preocupación sobre la dependencia de donaciones militares de Estados Unidos. Para el mandatario, la soberanía militar significa que Colombia debe producir su propio armamento o comprar equipos de tecnología avanzada con recursos propios, sin esperar regalos extranjeros. En sus palabras, "los ricos de Colombia" deben aportar el capital necesario para esta modernización.

El Gobierno ya tiene un cronograma definido. El Ministerio de Hacienda presentará el proyecto de reforma tributaria el 20 de julio de 2026 ante el Congreso. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, respaldó la propuesta explicando que la nueva medida incluye un impuesto al patrimonio. Aclaró que mientras gobiernos anteriores aplicaban este gravamen desde los 3.000 millones de pesos, la propuesta actual se dirigiría a patrimonios superiores a los 10.000 millones de pesos, apuntando a que sean las empresas con mayor capital las que hagan el aporte principal.

Petro fue enfático en sus consecuencias: quienes se opongan a esta reforma deberán asumir "la responsabilidad histórica de dejar desarmado al país" ante los riesgos institucionales y de seguridad que eso conllevaría. El mensaje es claro: o el país recurre a nuevos impuestos para el sector defensa, o tendrá que seguir operando con equipamiento obsoleto que pone en riesgo a los militares.