El Gobierno vuelve a impulsar su reforma pensional, una de las apuestas más ambiciosas del presidente Gustavo Petro, insistiendo en que es la herramienta para eliminar la competencia dañina entre el sistema público y privado. Según el mandatario, la medida "disminuye el déficit fiscal y permite más garantías de pensión a la gente que trabaja". Sin embargo, el proyecto se encuentra paralizado esperando una decisión de la Corte Constitucional, lo que ha generado tensiones entre el Ejecutivo y el alto tribunal.

La controversia se reavivó cuando el Gobierno expidió un borrador de decreto para redefinir cómo funcionará el traslado de miles de personas que pasaron del sistema privado (administradores de pensiones) a Colpensiones bajo la reforma ya aprobada por el Congreso. El objetivo es resolver un desequilibrio: Colpensiones asumió a estas personas pero no recibió sus ahorros acumulados en las AFP. Petro explica que el proyecto está inspirado en un modelo holandés de "pilares" (sistemas complementarios) que ampliaría cobertura y haría más sostenible el sistema.

El presidente fue enfático en aclarar que "solo si es aprobada por la Corte es ley aplicable". Mientras el bloqueo judicial continúe, sigue vigente la Ley 100 de 1993, que creó la competencia entre sistemas. Esto significa que los trabajadores que se pensionan por Colpensiones pueden reclamar sus ahorros de fondos privados como parte de su pensión, un derecho que Petro dice está respaldado legalmente.

Petro lanzó críticas contundentes contra las AFP y las EPS privadas. Advirtió que desde el inicio de su gobierno alertó sobre su debilidad financiera, argumentando que los números "más suaves" en fondos privados y "escandalosas" en salud demostraban la urgencia de reformas profundas. Aseguró que varias EPS han entrado en intervención o liquidación, y que el sistema privado de pensiones enfrenta una salida masiva de afiliados hacia Colpensiones porque "en Colpensiones adquieren mejores condiciones de pensión que en el fondo privado, que en realidad no pensiona a la mayoría de las y los cotizantes".

El mandatario también señaló que estos traslados "se vienen realizando desde antes de este gobierno, son decenas de miles de personas". Responsabilizó al Congreso por no aprobar también la reforma a la salud, calificándolo como un "grave daño para el país". Sin esa reforma, según Petro, la consecuencia inevitable es "la quiebra definitiva de varias EPS actuales".

Finalmente, Petro cuestionó la falta de acción de la Fiscalía para investigar dónde terminaron los recursos públicos entregados a las EPS durante décadas. Insistió en que sin esclarecer estas responsabilidades será imposible estabilizar tanto el sistema de pensiones como el de salud en Colombia.