El presidente Gustavo Petro está en pugna abierta con economistas que le piden recortes más profundos en el gasto público. Mientras expertos solicitan una reducción entre $32 billones y $44 billones para sanear las finanzas del país, Petro considera que un recorte de $25 billones ya sería demasiado daño. El presupuesto fue aprobado por $546 billones el año pasado, y ahora el Gobierno enfrenta la necesidad de ajustar sus cuentas.

Para Petro, ir más allá en recortes significaría golpear servicios esenciales. "Hacer un recorte de la magnitud que proponen, a lo Milei, solo lleva a condenar al país a no cumplir sus derechos fundamentales a las personas en Colombia y a construir un estado contrario al Estado Social de Derecho", expresó el mandatario. Según el presidente, el equilibrio fiscal debe lograrse de otra manera: aumentando ingresos del Estado, no reduciendo gastos que benefician a los ciudadanos comunes.

La propuesta de Petro es gravar con más impuestos a sectores que generan ganancias sin producir bienes o servicios reales. Menciona específicamente los bancos, empresas de energía eléctrica, compañías petroleras y propietarios de grandes extensiones de tierra. "Es allí dónde deben gravitar los nuevos impuestos", planteó. Considera que estas rentas no productivas generan inflación si se gravan, porque el precio final ya está establecido por los productores menos eficientes. Sin embargo, el Congreso y la Corte Constitucional históricamente han bloqueado estas iniciativas tributarias.

Petro también responsabiliza al Banco de la República por parte de la crisis. Las tasas de interés demasiado altas han destruido la demanda de vivienda nueva, un sector crucial para la economía. Además, el déficit fiscal se ha agravado por los pagos que el Gobierno ha hecho al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, cuya deuda llegaba a $3,3 billones según las cuentas de Ecopetrol del trimestre anterior.

El presidente también cuestiona cómo los economistas tradicionales miden la inversión del país. Asegura que incluyen la vivienda como inversión cuando en realidad es un bien de consumo afectado por tasas de interés. Sin embargo, observa señales positivas: la confianza del consumidor colombiano está por encima de los niveles promedio de países miembros de la OCDE, lo que sugiere que hay demanda interna robusta más allá de lo que las tasas de interés puedan frenar.