En la noche del jueves, el presidente Gustavo Petro reunió a su gabinete para evaluar si obliga a los bancos a invertir dinero en sectores que su administración considera estratégicos. La idea es clara: si la medida se aprueba por decreto, el Estado podría dirigir obligatoriamente hacia dónde van miles de millones de pesos que hoy los bancos usan para otros fines. Es decir, el Gobierno quiere tomar decisiones sobre cómo los bancos gastan el dinero de sus clientes.

Lo que está en juego es cuánto afectaría esto al bolsillo colombiano. Asobancaria, el gremio que representa a los bancos, salió el lunes a advertir sobre las consecuencias. Jonathan Malagón, su presidente, fue muy directo: "una inversión forzosa no es un castigo a los bancos". Según explicó, el golpe lo recibirían los ahorradores. Si el Gobierno redirige dinero de los depósitos, habrá menos plata disponible para prestar a otros sectores. El resultado es previsible: tasas de interés más altas para quien quiera crédito, menos gente que pueda acceder a él.

Petro no dejó pasar las críticas. A través de X respondió que la afirmación de Malagón "no es cierta". Para el presidente, los depósitos no sufren por estar en bancos privados o públicos. El verdadero problema, según su visión, es lo que los bancos llaman margen de intermediación, que es la ganancia que se quedan por prestar dinero. Petro cree que la banca privada concentra demasiado crédito en consumo de personas con dinero, mientras que descuida a las pequeñas y medianas empresas productivas. "La banca privada no está asignando los recursos de manera eficiente", dijo.

Pero aquí viene lo interesante: Asobancaria trae números concretos sobre lo que podría pasar si se aprueba la medida de $35 billones. Malagón señaló que "Esto podría traducirse en un aumento de 49 puntos básicos en las tasas de interés". En lenguaje sencillo, esto significa que los créditos se harían más caros. También advirtió que podrían desaparecer $0,9 billones de créditos disponibles en la economía. El gremio plantea que Colombia ya es el tercer país de la región con más restricciones al sistema financiero, entre las que menciona la tasa de usura y otras inversiones forzosas previas.

El argumento de Asobancaria incluye estadísticas que muestran por qué dicen que obligar a invertir dinero es contraproducente. Colombia apenas tiene 44% de profundización financiera (dinero disponible en el sistema), muy por debajo del potencial de 65%. Además, solo 51% de los adultos tiene acceso a crédito, lejos del 75% que se ve en otros países. Según Malagón, más restricciones harían esto peor, no mejor.

Ahora bien, no todo es fracaso en la estrategia crediticia actual del Gobierno. El Pacto por el Crédito, que lleva 17 meses, ya ha logrado canalizar $228 billones hacia sectores como manufactura, vivienda, agricultura y turismo. Ha crecido a una tasa de 16% anual en esos sectores, contra 12% en el resto de la economía. La vivienda incluso superó su meta. Esto sugiere que no es imposible dirigir crédito hacia donde el Gobierno quiere, aunque sin obligar a los bancos como ahora propone.

El debate de fondo es quién sabe mejor cómo invertir el dinero: el Estado o el mercado. Petro cree que el Gobierno debe intervenir más para que el crédito llegue donde ayude a la producción y reduzca desigualdad. Asobancaria advierte que esa intervención tiene un costo real para quien ahorra y para quienes necesitan dinero prestado. Los próximos días dirán si el presidente avanza con los decretos o negocia con el sector financiero.