El presidente Gustavo Petro volvió a traer al centro del debate público la reforma rural del país, esta vez enfocándose en una propuesta que busca gravar con impuestos más altos a los grandes latifundios que no generan producción agrícola. Para Petro, esta medida es clave para transformar la economía de las zonas rurales pobres y evitar que la tierra se mantenga únicamente como activo especulativo sin generar alimentos ni empleo.

"Si se aumenta el impuesto a los grandes latifundios improductivos se abaratará el arriendo y crecerá la producción agraria. Los municipios pobres rodeados de tierras fértiles revivirán y la juventud no se irá del lugar, y estudiará y aplicará sus conocimientos allí. Hay que demoler la renta de la tierra en Colombia y floreceremos y daremos frutos", manifestó el mandatario. El presidente fue enfático en aclarar que el gravamen no iría dirigido contra los agricultores y ganaderos que efectivamente trabajan sus tierras, sino contra quienes simplemente las poseen sin producir nada en ellas.

El sector ganadero, sin embargo, tiene otra lectura de la situación. José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegan, levantó la voz de alarma sobre lo que considera aumentos desproporcionados en los avalúos catastrales para el próximo año. Según el dirigente gremial, en algunos municipios rurales los avalúos subirían más del 1.000% para 2026, lo que impactaría directamente en el impuesto predial que deben pagar los propietarios. Lafaurie Rivera pidió una reunión urgente con Gustavo Marulanda, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para analizar cómo estas alzas catastrales afectarían al sector.

Lo que preocupa más al gremio ganadero es que la mayoría de sus afiliados no son grandes especuladores de tierras, sino pequeños productores. Según Fedegan, alrededor del 82% de los ganaderos del país son pequeños productores que podrían verse seriamente afectados por los reajustes catastrales y los impuestos que vengan con ellos. Para Lafaurie Rivera, la realidad del campo es más compleja de lo que una medida tributaria puede resolver por sí sola. "La labor del campo y en especial de la ganadería es mucho más compleja y con poca rentabilidad", señaló, recordando además que el sector enfrenta problemas estructurales como inseguridad, falta de infraestructura vial y limitado acceso a servicios públicos básicos.

El dilema está servido: el gobierno apunta a desestimular la tenencia de tierras improductivas, mientras que el sector productivo teme que las medidas tributarias terminen golpeando a quienes sí trabajan la tierra. Los números son lo que inquieta: el impacto real de estas políticas dependerá de cómo se diseñen los detalles normativos y cómo se diferencie entre latifundios ociosos y predios que efectivamente generan producción.