El choque entre el Gobierno y el gremio financiero sobre el sistema de pensiones privadas se intensificó cuando el presidente Petro cuestionó públicamente por qué la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advierte sobre riesgos si los fondos realmente cuentan con suficientes recursos para responder por los ahorros de la gente. El mandatario lanzó una serie de preguntas incómodas: si las advertencias de insolvencia significan que los fondos no podrían enfrentar una ola de retiros simultáneos, o si esto indicaría que los recursos de los afiliados no se manejan adecuadamente.

El punto de tensión es un borrador de decreto del Ministerio del Trabajo que obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a transferir en máximo 15 días todos los recursos de quienes decidan cambiarse a Colpensiones, el sistema público. Anif advirtió que esto podría generar problemas graves para la estabilidad financiera y presionar las finanzas públicas. Pero para Petro, el fondo del asunto es más simple: los ahorros son propiedad privada de los cotizantes y ellos tienen derecho a retirarlos de inmediato, no solo en 15 días.

El presidente utilizó una estrategia directa: pidió a los cotizantes que han solicitado trasladarse que inicien acciones legales si sus fondos no se transfieren en el plazo debido, argumentando que cualquier obstáculo sería "inconstitucional y delictivo". Además, convocó una reunión urgente con el superintendente financiero para verificar si los gremios del sector están rechazando, de forma explícita o encubierta, el derecho de traslado.

Detrás de este pulso está la reforma pensional que Petro considera fundamental. Según su Gobierno, esta reforma crearía un sistema más estable que evitaría la quiebra de fondos y ampliaría la cobertura de pensiones. Petro fue directo ante la Corte Constitucional: "Le solicito a la corte constitucional la aprobación definitiva de la reforma pensional que trae un sistema que impide la quiebra de los fondos".

El panorama deja a millones de colombianos en el medio de una disputa institucional sobre sus ahorros para la vejez. Lo que está en juego es quién controla realmente el dinero que guardan mes a mes para retirarse, y si los fondos privados tienen realmente la capacidad de devolverlo sin problemas cuando se les pida, o si sus advertencias de riesgo revelan fragilidades mayores en el sistema.