El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno prepara una nueva ley de financiamiento con carácter de urgencia, argumentando que el país enfrenta un desequilibrio fiscal que debe corregirse de inmediato. Durante su alocución del 7 de abril, el mandatario fue claro en el mensaje: si esta iniciativa no avanza en el Congreso, el Ejecutivo recurrirá nuevamente a la emergencia económica como alternativa para garantizar recursos.

La estrategia no parte de cero. El Gobierno busca revivir impuestos que ya había intentado meter a través de la emergencia económica decretada en diciembre pasado, pero que la Corte Constitucional tumbó. Entre esos tributos está el impuesto al patrimonio, incluso para empresas, que actualmente es temporal. También se contempla bajar el umbral a partir del cual se cobra este impuesto, hoy fijado cerca de los 2.000 millones de pesos. Al ampliar la cantidad de contribuyentes, subiría el recaudo. A esto se suman aumentos en impuestos al consumo sobre licores, cigarrillos y cervezas, medidas que ya habían estado en discusión.

El cuadro fiscal se complica por varios lados. El presupuesto para 2027 alcanzaría 601,3 billones de pesos con un incremento de casi 10%, pero aquí viene lo crítico: el servicio de la deuda subiría a 124,5 billones, casi 30% más que en 2026. Traducido a términos simples, significa que más dinero de los impuestos se va a pagar intereses de la deuda en lugar de ir a hospitales, educación o carreteras. El Banco de la República mantiene altas las tasas de interés para controlar la inflación, lo que ha encarecido más el costo de pedir dinero prestado.

A esto se suma que el crecimiento económico del país se desaceleró. La proyección bajó de 2,9% a 2,6%, lo que significa menos producción, menos empleos y menos ingresos tributarios. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ya había advertido sobre el "hueco fiscal" causado en parte por la caída de dos reformas tributarias anteriores en el Congreso.

El panorama político luce complicado. El Congreso ha rechazado dos iniciativas tributarias en los últimos años, y voces de varios partidos ya salen a cuestionarse. El Partido Conservador tachó la propuesta de "maniobra" con fines electorales. El representante Óscar Darío Pérez fue directo: no ve "ninguna posibilidad de triunfo en el actual Congreso".

Ante ese rechazo probable, Petro ha lanzado una advertencia que reabre la polémica. Si el Congreso no aprueba la ley, el Gobierno podría acudir nuevamente a la emergencia económica para implementar estos impuestos sin pasar por el Legislativo. Es un pulso de alto riesgo: o el Congreso cede, o el Ejecutivo juega su última carta.