El Gobierno Nacional sacó un borrador de decreto que cambia las reglas de juego para cientos de miles de colombianos que recientemente migraron del sistema individual de pensiones al sistema público de Colpensiones. La medida intenta resolver un problema que ha generado desequilibrios financieros importantes: Colpensiones empezó a asumir responsabilidades pensionales sin tener en su poder los recursos de esos afiliados.

Lo que el decreto ordena es bastante directo. Las AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones privadas, deberán girar a Colpensiones la totalidad del dinero acumulado en las cuentas de ahorro individual, incluyendo lo que ese dinero haya ganado como rendimientos financieros. El plazo es corto y no tiene excepciones: máximo 15 días hábiles desde que el decreto entre en vigencia, o dentro del mes siguiente si la aceptación del traslado ocurre después. El gobierno también deroga un decreto anterior de 2024 que tenía lineamientos distintos sobre este proceso.

La razón de fondo es simple para entender: cuando alguien se pasa de un sistema privado al público, el sistema público se compromete a pagarle la pensión. Pero si no recibe el dinero que esa persona había acumulado, Colpensiones queda financieramente apretada. El decreto insiste en que Colpensiones necesita tener esos activos desde el primer día para poder cumplir con todas sus obligaciones.

Este movimiento tiene su origen en una ley de 2024 que permitió un traslado excepcional de pensionistas a punto de jubilarse (mujeres que ya habían cotizado 750 semanas o más, y hombres con 900 semanas o más) hasta el 16 de julio de 2026. Aunque la Corte Constitucional suspendió parcialmente esa ley, dejó vigente la parte que permite el traslado, lo que ha generado que cientos de miles de personas cambien de sistema.

Para el colombiano en la calle, lo importante es entender que su dinero de pensión seguirá siendo suyo, pero ahora Colpensiones lo tendrá desde ya. El decreto busca que no haya más confusiones sobre quién es responsable de qué, y que el sistema público pueda cumplir con lo que promete sin quedarse sin recursos.