El presidente Gustavo Petro volvió a defender una estrategia controvertida para conseguir recursos y atender los daños de la ola invernal que azota el país: obligar a los bancos a invertir dinero en créditos para sectores afectados. A través de redes sociales, el mandatario cuestionó a la banca: "Si los banqueros rechazan la inversión forzosa que ya existe y no quieren pagar impuestos, ¿cómo creen que se va a financiar la emergencia climática?" El pronunciamiento llegó después de que seis exministros de Hacienda enviaran una carta expresando su rechazo a esta idea, argumentando que no es el instrumento adecuado para una emergencia económica y que podría generar efectos contrarios a los buscados.

Para entender qué significa esto en la práctica: una inversión forzosa obliga a las entidades financieras a destinar parte de sus recursos a otorgar créditos en sectores que el Gobierno define como prioritarios. En este caso, serían las zonas afectadas por el invierno. El mecanismo ya existe en Colombia desde hace décadas, pero se desconocen aún los detalles específicos de cómo operaría una nueva versión: tasas de interés, plazos, condiciones.

Lo que muchos no ven es de dónde salen realmente esos recursos. Los bancos los toman de los depósitos de los clientes, es decir, de tu ahorro. El Gobierno estaría redirigiendo ese dinero según sus prioridades. Aunque analistas consideran que en principio los ahorradores no deberían alarmarse, dado que históricamente el Estado ha respaldado estas operaciones incluso cuando los préstamos no se devuelven, el tema genera inquietud por la libertad en el manejo de esos fondos.

No es la primera vez que Petro insiste en esto. En agosto de 2024 mencionó una ley similar, pero después llegó a un acuerdo con la banca para impulsar el Pacto por el Crédito. Sin embargo, según el presidente, ese pacto no funcionó como esperaba, por eso regresó a la idea de las inversiones forzosas.

El gremio bancario advierte que una medida así aumentaría lo que se conoce como represión financiera, es decir, intervención estatal que limita el funcionamiento normal del mercado crediticio. Colombia ya es el tercer país de la región con mayor represión financiera. Si se implementaran estas inversiones forzosas por unos 35 billones de pesos, habría menos dinero disponible para otros sectores. Según los cálculos del gremio, esto podría resultar en tasas de interés más altas para todos, reducción de créditos disponibles y una caída leve del PIB. En otras palabras: créditos más caros para ti como consumidor, menos opciones de financiamiento y una economía que crece menos.

El debate está sobre la mesa: por un lado, la urgencia de recursos para atender una catástrofe climática; por otro, los riesgos de que el Gobierno controle más el sistema financiero y termine afectando el bolsillo de los ciudadanos con tasas más altas.