El presidente Gustavo Petro decidió ir por las ganancias de los bancos. A través de redes sociales, anunció que el decreto de emergencia económica que firmará este martes 24 de febrero incluirá un gravamen a lo que denomina "ganancias extraordinarias" del sector financiero. El anuncio llega justo cuando los bancos publicaron sus resultados: las utilidades crecieron 71% en 2025, con Bancolombia y GNB Sudameris como los mayores ganadores.

Para Petro, este crecimiento no refleja que la economía vaya bien. Al contrario, asegura que los bancos ganan más dinero no porque haya más inversión o empleo, sino simplemente porque el Banco de la República subió las tasas de interés. Es decir, mientras el país se desacelera, los bancos lucran con tasas más altas. "Poner un impuesto a estas ganancias extraordinarias se volvió pecado, y es lo más justo que se puede hacer. Es lo que va en el nuevo decreto de emergencia que voy a firmar mañana (martes 24 de febrero)", expresó el mandatario.

Pero no es solo un gravamen a bancos. El Gobierno prepara un paquete más ambicioso. Ante la emergencia por las lluvias que afectaron regiones como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, el Ministerio de Hacienda propone crear un nuevo impuesto al patrimonio que aplique a las grandes empresas. Hasta ahora, en Colombia este impuesto solo se cobra a personas naturales (ciudadanos), no a compañías.

La meta es clara: recaudar aproximadamente $8 billones de pesos. Para ponerlo en contexto, esa cifra equivaldría a lo que el Gobierno gasta en un mes en funcionamiento. Los recursos irían directamente a reparar la infraestructura dañada y atender la crisis climática en esos ocho departamentos.

El modelo que propone el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sigue un criterio progresivo: a mayor patrimonio, mayor impuesto. Las empresas pequeñas y medianas quedarían exentas. El gravamen comenzaría a aplicarse a partir de patrimonios superiores a 200.000 UVT, lo que equivale aproximadamente a $10.000 millones. Para 2026, quienes tengan entre $10.000 y $30.000 millones pagarían una tarifa del 0,6%. Las empresas que superen los $30.000 millones pagarían el 1,2% sobre lo que exceda ese umbral.

En otras palabras: el Gobierno está apostando a que los grandes patrimonios empresariales contribuyan más, bajo la lógica de que pueden permitírselo. La pregunta que quedará es si esto efectivamente llega a paliar los daños climáticos o si, como sucede frecuentemente, termina en discusiones sobre si perjudica la inversión.