El presidente Gustavo Petro se prepara para firmar un nuevo decreto de emergencia económica el próximo 24 de febrero, buscando cobrarle un impuesto adicional a los bancos colombianos. La medida llega en medio de una crisis fiscal que agobia al país y después de que la Corte Constitucional tumbara un decreto similar hace apenas dos meses.

Según el mandatario, el dinero que recaude de esta sobretasa a las utilidades bancarias es indispensable para sanear las finanzas del Estado. En su explicación, Petro señala que "Este crecimiento de las utilidades (de los bancos) no se debe al crecimiento económico real sino al alza de interés interno promovida por el Banco de la República. Poner un impuesto a estas ganancias extraordinarias se volvió pecado y es lo más justo que se pudiera hacer y es lo que va en el nuevo decreto de emergencia que voy a firmar mañana". En otras palabras: los bancos están ganando más dinero porque las tasas de interés están altas, no porque la economía esté creciendo más, entonces el Gobierno quiere que paguen más impuestos sobre esas ganancias.

Este nuevo decreto podría incluir medidas adicionales más allá de lo que le cobren a los bancos. Analistas tributarios sugieren que el Gobierno también estaría considerando un impuesto sobre el patrimonio de las grandes empresas, con tasas que oscilarían entre el 0,6% y el 1,2% sobre cantidades muy altas de riqueza empresarial. Lo que hace el Gobierno es dirigirse a los que más tienen para recaudar dinero en lugar de aumentar impuestos a la población en general.

Pero esta estrategia ha generado polémica. El uso repetido de la emergencia económica como herramienta para hacer cambios tributarios está enfrentando críticas de quienes consideran que esta figura debería usarse solo en catástrofes impredecibles, no en desacuerdos entre el Gobierno y el Congreso. De hecho, ya hay demandas presentadas ante juzgados cuestionando si es legal hacer esto. El debate de fondo es sobre cuánto poder puede tener el presidente para tomar decisiones fiscales sin necesidad de que el Congreso las apruebe.

Para el Gobierno, estas medidas son urgentes porque Colombia necesita dinero para mantener funcionando sus servicios públicos. Para los críticos, el presidente está abusando de una herramienta de emergencia que debería tener límites claros.